El Ejecutivo de Yamandú Orsi enfrentaba un reto importante al enviar al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que define los recursos para los próximos cinco años. Sin mayoría propia en la Cámara de Diputados, el oficialismo debió buscar apoyos fuera del Frente Amplio.
Entre los puntos más discutidos se encontraban cambios impositivos considerados estratégicos por el gobierno, pero cuestionados por la oposición, que acusaba a Orsi de incumplir su promesa de campaña de no aumentar impuestos.
Aun así, el oficialismo logró aprobar los artículos más relevantes: el impuesto mínimo global para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros y la imposición del IVA a compras realizadas en plataformas digitales como TEMU.
La clave del éxito estuvo en conseguir el apoyo de Cabildo Abierto, partido que anteriormente formó parte de la coalición del gobierno de Luis Lacalle Pou y que ahora se mantiene independiente del Ejecutivo uruguayo.
Cabildo Abierto condiciona su respaldo a la inclusión en el Presupuesto de incrementos salariales para la tropa de las Fuerzas Armadas y para Sanidad Militar, según informó El Observador.
Álvaro Perrone, uno de los dos diputados del partido, defendió el impuesto mínimo global destacando la “trazabilidad” del tema y el histórico interés de Cabildo Abierto en la cuestión tributaria. Señaló que Uruguay exonera el doble que otros países de la región, por lo que la medida “tiene fundamento y transparencia”.
El impuesto al comercio en plataformas digitales, como TEMU, surge tras reclamos del sector local, que estima pérdidas de alrededor de USD 15 millones al mes debido a la llegada de productos desde China.
Perrone reconoció la complejidad de este tributo y destacó que la medida no debe ser rígida, sino que requerirá evaluación continua frente a los cambios en el comercio internacional.
Además de estas dos cargas, el Presupuesto contempla un gravamen sobre incrementos patrimoniales de uruguayos en el exterior y la eliminación de exoneraciones para accionistas extranjeros de empresas locales, con una recaudación estimada en casi USD 600 millones anuales.
De ese total, unos USD 360 millones corresponden al Impuesto Mínimo Global, alineado con las directrices de la OCDE para asegurar que las multinacionales paguen al menos un 15% de sus ganancias. El gobierno sostiene que se trata de un impuesto “neutral”, redirigiendo pagos a Uruguay sin generar una carga adicional para las empresas.
La aplicación comenzará en este 2025, aunque la recaudación efectiva se concretará a los 18 meses. Por su parte, el IVA a compras de TEMU modificará las franquicias: actualmente son tres compras anuales de hasta USD 200 libres de impuestos; la propuesta aumentaría el límite a USD 800, con una proyección de recaudación de USD 40 millones anuales.
