La justicia paraguaya reafirmó la orden de captura nacional contra Roberto Cárdenas Ramírez, exintendente de Lambaré, condenado a 8 años de cárcel por corrupción y mal manejo de fondos públicos. La medida fue dictada por la jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, María Lidia Wyder.
Según el Auto Interlocutorio N° 197 del 10 de octubre de 2025, una vez detenido, Cárdenas será informado de sus derechos conforme al Art. 12 de la Constitución y trasladado a la penitenciaría que determine la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, a disposición del juzgado.
La resolución detalla todos los recursos promovidos por la defensa desde su condena en diciembre de 2021, que fueron rechazados tanto por la Cámara de Apelaciones como por la Corte Suprema de Justicia, dejando firme la pena de 8 años de cárcel.
En marzo de este año, la jueza Wyder había ordenado la captura, pero Cárdenas presentó una excepción de incompetencia intentando suspender la medida. Sin éxito: el juzgado y un Tribunal de Alzada ratificaron la orden.
La condena original, dictada el 23 de diciembre de 2021, incluyó 8 años de cárcel para Cárdenas por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción de obras públicas financiadas con fondos del Fonacide.
Además, el exdirector de Administración y Finanzas del municipio, Guido Fernando Salcedo, fue sentenciado a 6 años por su participación en los mismos delitos, mientras que el encargado de Obras Carlos María Mendieta Candia y el titular de ADC Construcciones, Alejandrino Duarte Centurión, recibieron 3 años cada uno.
La Corte Suprema confirmó estas penas y rechazó los recursos de casación presentados por los condenados, dejando firme la responsabilidad de los acusados en el perjuicio económico al municipio lambareño.
Los fiscales Luis Said, Carina Sánchez y Teresita Torres demostraron en el juicio que los condenados provocaron un daño patrimonial de G. 859.155.192 a través de la construcción, remodelación y ampliación de 15 instituciones educativas entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013.
La investigación determinó que los fondos del Fonacide fueron distribuidos de manera discrecional por Cárdenas y Salcedo, beneficiando a ciertas escuelas y empresas constructoras de su preferencia, sin criterios objetivos ni control adecuado.
Los directores de los colegios afectados debían firmar acuerdos con el municipio y supervisar obras fuera de sus competencias, cumpliendo instrucciones que excedían sus atribuciones y sin contar con los recursos técnicos para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.
El esquema probado por el Ministerio Público refleja un patrón sistemático de desvío de fondos públicos, consolidando la responsabilidad penal de Cárdenas y su equipo en el perjuicio económico y administrativo de la comuna de Lambaré.
Con la reiteración de la orden de captura, la justicia busca finalmente garantizar el cumplimiento de la condena y reafirma el mensaje de que los delitos de corrupción, especialmente aquellos que afectan a recursos destinados a educación, no quedarán impunes.
