Este martes, el gobierno de Uruguay anunció la derogación de un decreto que permitía la importación y comercialización de productos de tabaco calentado y cigarrillos electrónicos (vapeadores). La medida refuerza el compromiso del país con la lucha contra el tabaquismo y establece nuevas restricciones que incluyen la prohibición de la publicidad, promoción y el uso de estos productos en espacios cerrados.
La directora del Programa Nacional de Control del Tabaco en Uruguay, Laura Llambí, fue quien dio la noticia durante una rueda de prensa, destacando que la nueva normativa también incluye la derogación de otro decreto que flexibilizaba el empaquetado neutro de los productos de tabaco.
Por su parte, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, explicó que la decisión representa un regreso al camino que Uruguay había iniciado años atrás en su estrategia contra el tabaco. En su intervención, Orsi subrayó que el país retomó la senda de políticas públicas que lo han colocado como líder mundial en el tema.
“Lo que estamos haciendo hoy es fortalecer una estrategia que ha sido exitosa a lo largo de los años, a veces con avances y en ocasiones con frenos, pero siempre manteniendo la firmeza en las decisiones políticas”, comentó el presidente, reconociendo que la lucha contra el tabaco es un proceso continuo de adaptación.
La medida reafirma el compromiso de Uruguay con la protección de la salud pública, especialmente considerando que el tabaco es una de las principales causas de enfermedades y muertes prevenibles en el mundo. En este sentido, el país ha sido reconocido internacionalmente como un pionero en políticas de control de tabaco.
Uruguay es considerado un referente global no solo por la implementación rigurosa del Convenio Marco para el Control del Tabaco, sino también por su capacidad de resistir presiones internacionales de grandes corporaciones tabacaleras. Un caso emblemático fue el litigio contra Phillip Morris, que demandó al país por sus políticas de control del tabaco, pero finalmente perdió después de un proceso judicial de seis años.
En 2008, bajo el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez, Uruguay promulgó la Ley 18.256, que fue una de las primeras en el mundo en prohibir fumar en espacios públicos cerrados, como restaurantes, oficinas y otros lugares de trabajo. Esta legislación también impuso severas restricciones a la publicidad de productos de tabaco.
La ley 18.256 fue un hito en la lucha contra el tabaco y obligó a que todos los paquetes de cigarrillos incluyeran advertencias sanitarias acompañadas de imágenes impactantes sobre los efectos nocivos del consumo. Además, se prohibieron las promociones engañosas en los empaques y el uso de marcas y logotipos asociados a productos de tabaco.
En 2019, el gobierno uruguayo implementó el Decreto 120/019, que obligó a los fabricantes de tabaco a utilizar un único color en los empaques de sus productos, con el fin de reducir el atractivo visual de las cajetillas y evitar la distorsión en la percepción del riesgo de fumar.
La reacción internacional ha sido positiva en gran parte, destacando el ejemplo uruguayo como modelo a seguir en la lucha contra el tabaquismo. Sin embargo, las empresas tabacaleras han continuado presionando a través de demandas legales y campañas mediáticas.
A pesar de las críticas de la industria, el gobierno de Uruguay mantiene una postura firme y sigue apostando por políticas públicas basadas en evidencia científica que han demostrado ser efectivas para reducir el consumo de tabaco en el país. Según los datos, el porcentaje de fumadores ha disminuido significativamente desde la implementación de las primeras leyes en 2008.
La decisión de prohibir nuevamente la venta de productos de tabaco calentado y vapeadores refleja el compromiso de Uruguay de mantener su rol de vanguardia en el control del tabaco, en un momento en que muchos otros países aún debaten sobre cómo regular estos nuevos productos. La medida resalta la importancia de políticas públicas robustas para proteger la salud de la población frente a las nuevas amenazas del tabaquismo.
