El presidente Gustavo Petro confirmó que esta semana expedirá el decreto para convocar una consulta popular con el objetivo de sacar adelante su reforma laboral. La medida llega tras el rechazo formal del Senado a esa iniciativa, decisión que el mandatario calificó de “fraudulenta”.
En una alocución televisiva, Petro argumentó que es el pueblo colombiano quien debe decidir sobre el destino de la reforma, y no una mayoría parlamentaria que, según él, obstaculiza los cambios sociales. “Sé que me va a caer todo, que se van a acelerar las amenazas, pero el pueblo es el dueño del poder político en Colombia”, dijo.
Petro había advertido que si el Senado no se pronunciaba favorablemente antes del 1 de junio, tomaría el camino del decreto. A pesar de que la Cámara Alta se pronunció el pasado 14 de mayo con un voto negativo, el presidente insiste en que no se trató de una decisión legítima.
“Jamás hubo un concepto favorable porque hicieron trampa”, sentenció. En su discurso, también apeló al respaldo de la Corte Constitucional, a la que solicitó validar la consulta como un ejercicio legítimo de soberanía popular.
El mandatario aprovechó para criticar al presidente argentino, Javier Milei, al contraponer su visión del Estado: “La libertad no es ir a un supermercado, porque solo compra el que tiene dinero. El derecho no puede depender del bolsillo”.
Minutos antes de la alocución presidencial, el ministro del Interior, Armando Benedetti, adelantó que la consulta podría realizarse entre finales de julio y principios de agosto. Aunque no se conocen detalles definitivos, el decreto oficial sería firmado esta misma semana.
La primera propuesta de consulta popular fue archivada por el Senado con una votación de 49 a 47. A pesar de eso, el Congreso retomó por vía ordinaria una versión modificada de la reforma laboral, la cual fue aprobada en tercer debate y sigue su curso legislativo.
Petro, sin embargo, rechazó esa versión. Según dijo en X (antes Twitter), el nuevo texto desvirtúa el espíritu de su reforma al incluir un artículo que permite la contratación por horas, algo que, en su opinión, “derrumba” principios como el salario mínimo, las horas extras y la estabilidad laboral.
“Lo que tramita el Senado no es mi reforma laboral”, subrayó. Calificó la nueva versión como una “contrarreforma” que representa “un retroceso de décadas” en los derechos de los trabajadores.
Desde el Congreso, la reacción no se hizo esperar. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó de “despropósito” la decisión de Petro y anunció que demandará el decreto ante la justicia si llega a firmarse. “Está violentando todas las leyes”, expresó.
Cepeda, del Partido Conservador, sostiene que la consulta ya fue negada por el Congreso y que la vía adecuada es el debate legislativo, no la imposición por decreto. A su juicio, el Gobierno estaría atentando contra la separación de poderes y el orden institucional.
