El Senado de Paraguay aprobó en mayoría un proyecto de Ley que modifica el artículo 207 del Código de la Niñez y Adolescencia, aumentando la pena máxima a 15 años para adolescentes involucrados en delitos graves como homicidios premeditados.
Durante la sesión, el pleno resaltó que esta reforma se impulsa como respuesta a sucesos recientes, como el asesinato de un trabajador de delivery y el de María Fernanda, crímenes perpetrados por jóvenes.
El senador Javier Zacarías Irún, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que la estadística de tribunales muestra un incremento notable en la criminalidad juvenil, lo que justifica un endurecimiento penal. Actualmente, el artículo 207 establece penas de seis meses a cuatro años para adolescentes, y hasta ocho años en crímenes calificados bajo el Derecho Penal común.
La comisión propuso elevar la pena máxima a 15 años, pero la Comisión de Legislación, presidida por Luis Pettengill, recomendó una pena tope de 10 años, aclarando que no se busca criminalizar arbitrariamente a los adolescentes.
Tras un extenso debate, el Senado aprobó la pena máxima de 15 años, siguiendo el monto sugerido por Asuntos Constitucionales, pero ajustando el texto según Legislación. La iniciativa obtuvo 20 votos a favor y ahora se remitirá a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación.
Zacarías reconoció que la medida no es una solución definitiva al problema de la criminalidad juvenil, pero la consideró “de estricta justicia” en casos “aberrantes y claros” que ameritan pena mayor.
El proyecto propone otorgar a jueces y autoridades la facultad de aplicar sentencias más severas en situaciones extremas, manteniendo, sin embargo, la posibilidad de penas menores según la gravedad del delito.
Defensores de derechos juveniles han advertido sobre los riesgos de estigmatizar a todos los adolescentes infractores debido a casos excepcionales, y llaman a reforzar políticas educativas y de inclusión.
La oposición también plantea la necesidad de fortalecer la prevención social y los programas de reinserción, mientras admiten que el incremento de penas responde a la indignación pública por los casos recientes.
Con la aprobación en el Senado, la reforma entra ahora a la Cámara de Diputados. Su progreso será seguido de cerca por sectores legales, defensores de los derechos juveniles y familias afectadas, en medio de un debate nacional sobre justicia, prevención y protección de menores.
