El Consejo de Estado de Colombia, máxima autoridad en materia contencioso administrativa, emitió este miércoles una medida cautelar que suspende el decreto del presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular sobre su reforma laboral. El tribunal estimó que no contaba con el trámite legislativo necesario.
La acción responde a una solicitud de 12 senadores, incluido el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quienes advirtieron que el decreto 639 se expidió sin contar con el concepto previo del Congreso, que es exigido legalmente.
La Sala Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda, señalando que antes de convocar al pueblo en una cuestión de tal trascendencia, es indispensable contar con la aprobación del Senado, algo que en esta ocasión no existía.
El senador Carlos Fernando Motoa, del opositor partido Cambio Radical, aplaudió la decisión y exhortó al Ejecutivo a revisar a sus asesores jurídicos, en un claro cuestionamiento técnico al gobierno. Motoa afirmó que el decreto era “inconstitucional” y celebró que la decisión del Consejo de Estado reafirme la separación de poderes y frene actitudes que consideró autoritarias.
Ante las críticas, el presidente Petro se pronunció en X, señalando que el Consejo no declaró la inconstitucionalidad del decreto, sino que simplemente suspendió su aplicación de forma transitoria, y que no tiene intención de cambiar a sus asesores.
Originalmente, una comisión senatorial había archivado la reforma en marzo. Luego, el pleno aprobó revivirla, pero la propuesta de consulta popular fracasó con 49 votos en contra y 47 a favor. En respuesta, Petro recurrió al llamado “decretazo”, acusando a la oposición de “hacer trampa” en la votación y planteando la consulta para el próximo 7 de agosto, coincidiendo con el tercer aniversario de su mandato.
La resolución del decreto ya se encuentra en manos de la Corte Constitucional, junto a otras once demandas de inconstitucionalidad, según informó el registrador nacional Hernán Penagos.
Penagos enfatizó que corresponde a las altas cortes decidir sobre el decreto y estableció el papel esencial del Consejo de Estado en esta disputa, aunque también la Corte tiene la palabra final.
