El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Isidoro Ramírez, finalizó oficialmente su labor este miércoles y presentó su informe final ante el Ministerio del Interior. El documento será ahora remitido al presidente Santiago Peña y, posteriormente, a la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente.
La intervención fue activada a través del Decreto N.º 4058 firmado por el Ejecutivo el pasado 17 de junio, tras un pedido de la Contraloría General de la República (CGR) y la aprobación de la Cámara Baja en una sesión extraordinaria. Desde el 23 de junio, Ramírez asumió funciones y desplazó temporalmente al intendente Miguel Prieto.
Durante su intervención, Ramírez denunció la existencia de un esquema de recaudación paralela que, según sus estimaciones, habría causado un perjuicio económico de aproximadamente G. 75 millones. Además, apuntó una presunta malversación de fondos por G. 29.000 millones, generando un fuerte impacto político y mediático.
El equipo del intendente Prieto, líder del movimiento “Yo Creo”, desestimó las acusaciones y calificó la denuncia de “caja paralela” como un acto de espectáculo político. Aseguraron que esos hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía en marzo, por iniciativa propia.
Sobre la utilización de fondos señalados como malversados, desde la administración municipal sostienen que el dinero fue destinado a gastos corrientes, y argumentan que no encaja dentro de los criterios de malversación. “Este proceso no nos debilita, nos hace más fuertes”, expresaron desde el entorno de Prieto.
El caso generó fuertes reacciones en el ámbito político. Sectores de la oposición denunciaron que la intervención fue en realidad una maniobra de persecución política, tildándola incluso de “sicariato político” con fines de desgaste de la figura del intendente.
A lo largo del proceso, se evidenció una fuerte polarización. Mientras que desde sectores oficialistas se respaldó la medida como necesaria para esclarecer posibles irregularidades administrativas, otras voces la interpretaron como un uso selectivo del aparato estatal con fines partidarios.
El informe presentado por Ramírez contiene un compendio de hallazgos, documentación y observaciones sobre la gestión municipal. Sin embargo, aún no se ha hecho público su contenido íntegro, lo que genera expectativas sobre el tratamiento que dará la Cámara de Diputados.
El presidente Santiago Peña deberá evaluar el informe antes de remitir al Congreso. La Cámara Baja, por su parte, tendrá la responsabilidad de analizar sus conclusiones y definir si se avanzará en eventuales sanciones o procedimientos adicionales contra la administración de Prieto.
