El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles nuevas restricciones de visado contra funcionarios y exfuncionarios de varios países que, según Washington, colaboraron con el gobierno cubano en lo que describe como un esquema de trabajo forzoso a través de sus conocidas misiones médicas internacionales.
Entre los sancionados se encuentran ex autoridades del Ministerio de Salud de Brasil, funcionarios de gobiernos africanos no identificados y representantes de Cuba y Granada. También fueron afectados familiares directos de estas personas, según detalló el Departamento de Estado en un comunicado.
Rubio explicó que la medida responde a la participación de estos actores en la contratación y administración de profesionales médicos cubanos en el extranjero, especialmente en el marco del programa “Mais Médicos”, ejecutado en Brasil entre el gobierno local, Cuba y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Entre los brasileños sancionados figuran Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman, quienes —según EE.UU.— jugaron un papel clave en la implementación del programa durante su paso por el Ministerio de Salud. Washington sostiene que el Estado cubano se beneficia económicamente de estos convenios mientras retiene la mayor parte de los ingresos generados por los profesionales.
“El régimen cubano cobra precios exorbitantes por sus servicios médicos, pero paga a los médicos solo una fracción, mientras se enriquece con su trabajo”, afirmó Rubio, calificando el sistema como una forma de “trabajo forzoso institucionalizado”.
El gobierno estadounidense también instó a los países receptores de estas brigadas a modificar sus acuerdos, pagando directamente a los profesionales y no al gobierno cubano, al que tildó de “esclavista moderno”. Según el secretario de Estado, se trata de un esfuerzo por “poner fin a la complicidad internacional con este modelo de explotación”.
Estas nuevas sanciones se enmarcan en una política de línea dura contra Cuba que ya había sido reinstalada durante la presidencia anterior de Donald Trump, y que ahora continúa con medidas más específicas. En los últimos meses, ya se había sancionado a funcionarios cubanos y centroamericanos implicados en convenios similares.
Cuba, por su parte, rechazó enérgicamente las acusaciones. Su canciller, Bruno Rodríguez, afirmó que se trata de una “agresión imperialista” y defendió las misiones médicas como parte de una política solidaria hacia naciones en desarrollo. “Seguiremos brindando cooperación en salud a quienes la necesiten”, declaró en redes sociales.
Desde La Habana se sostiene que los convenios médicos no solo son legales, sino que representan una contribución concreta al bienestar de poblaciones vulnerables, sobre todo en África, el Caribe y América Latina. El gobierno cubano niega rotundamente cualquier forma de explotación laboral.
El Departamento de Estado, sin embargo, incluyó el caso de las misiones médicas en su más reciente informe sobre derechos humanos, clasificándolo como un ejemplo de “trabajo forzoso promovido por un Estado”, y lo ubicó entre las violaciones más graves registradas en 2024.
Granada y los países africanos involucrados aún no han emitido declaraciones oficiales. Mientras tanto, el anuncio de EE.UU. abre una nueva fase de tensiones diplomáticas que podría impactar en la cooperación sanitaria global y en las ya frágiles relaciones entre Washington y buena parte del sur global.
