Cinco activistas venezolanos que permanecieron más de 400 días refugiados en la Embajada Argentina en Caracas lograron abandonar el país y recuperar su libertad. Su salida se produjo en medio de versiones encontradas sobre las condiciones de su liberación.
Según información divulgada por fuentes diplomáticas, la operación que permitió la huida de los disidentes fue planeada y ejecutada por agencias militares estadounidenses, pese a que el gobierno de Nicolás Maduro intentó presentar el hecho como parte de un supuesto acuerdo entre las partes.
El secretario de Estado de EE.UU. durante el gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, fue uno de los primeros en confirmar la acción. En redes sociales, celebró “el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro” y destacó que los cinco se encuentran a salvo en territorio estadounidense.
Rubio apuntó directamente contra el chavismo, al que acusó de violar derechos humanos, desmantelar instituciones democráticas y poner en peligro la seguridad regional. También agradeció al personal que participó en la operación y a los países que colaboraron con el operativo.
Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado también expresó su gratitud y calificó la acción como “impecable y épica”. Recordó que aún hay cientos de presos políticos en Venezuela y reiteró su compromiso con la lucha por la libertad.
Los cinco activistas —Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos— habían ingresado a la embajada argentina el 20 de marzo de 2024, buscando refugio frente a la persecución del régimen por su vínculo con el equipo de Machado.
Inicialmente, el grupo incluía al dirigente Fernando Martínez Mottola, quien dejó la residencia en diciembre pasado y falleció dos meses después. Durante más de un año, los refugiados fueron sometidos a condiciones de vida críticas dentro de la embajada.
Según denunciaron, sufrieron acoso constante por parte de las fuerzas de seguridad chavistas, violaciones al derecho internacional y condiciones de vida cada vez más precarias. Esto incluyó cortes de electricidad, agua, alimentos y restricciones al ingreso de insumos.
El acoso se intensificó luego de que el presidente argentino, Javier Milei, rompiera relaciones con Maduro. La sede diplomática quedó bajo la custodia de Brasil, que aún no ha designado un país sustituto aceptado por Venezuela.
La presencia militar en las inmediaciones de la embajada aumentó, impidiendo incluso el acceso de su propio personal. Los refugiados debieron sobrevivir con paneles solares, generadores, alimentos enlatados y racionamientos extremos.
En abril, denunciaron que llevaban cinco meses sin electricidad ni agua corriente. También criticaron al gobierno de Lula da Silva por no actuar con la misma celeridad que en casos anteriores que involucran a condenados por delitos graves.
Los cinco disidentes instaron a la comunidad internacional a mantener la presión diplomática sobre el régimen de Maduro y destacaron que su caso es apenas una muestra de la situación de derechos humanos en el país.
La liberación de los activistas fue recibida con alivio por los sectores opositores venezolanos, pero también renovó las críticas al autoritarismo del chavismo y a la falta de garantías democráticas de cara a los próximos procesos electorales en Venezuela.
