En el marco de la 55ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), varios países de la región propusieron oficialmente que el Tren de Aragua sea reconocido como una organización terrorista. La propuesta, liderada por Perú, cuenta con el respaldo de Estados Unidos, Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay.
La declaración conjunta exhorta a los Estados miembros de la OEA a adoptar marcos legales que les permitan actuar con mayor eficacia frente al grupo, mediante herramientas como el congelamiento de activos, órdenes de captura internacionales y mecanismos expeditos de cooperación judicial.
Surgido en la prisión venezolana de Tocorón, el Tren de Aragua ha evolucionado en poco más de una década hasta convertirse en una red criminal transnacional. Su presencia se ha detectado en al menos nueve países de América Latina, con operaciones que incluyen extorsión, trata de personas, narcotráfico y homicidios.
Clasificar al Tren de Aragua como grupo terrorista no es solo una cuestión simbólica. La designación habilita a los Estados a utilizar legislación antiterrorista más severa, lo que puede traducirse en mayores penas, bloqueo de recursos financieros y operaciones coordinadas para su desarticulación.
La declaración también insta a los países miembros a compartir información clave como datos biométricos, movimientos financieros y antecedentes penales de sospechosos vinculados al grupo. El objetivo es claro: cerrar el cerco y cortar las rutas de expansión del Tren de Aragua en el continente.
Los firmantes expresaron su condena explícita a los actos criminales y terroristas atribuidos al Tren de Aragua, así como a cualquier actor —estatal o no estatal— que colabore con su accionar. Aunque sin mencionar directamente al Gobierno de Venezuela, el mensaje político es evidente.
El Tren de Aragua nació en un entorno carcelario bajo condiciones de impunidad institucional. Desde ahí, se consolidó como una estructura con poder de fuego, jerarquía y redes de protección, facilitadas por la falta de control estatal en sectores clave de Venezuela, especialmente en Aragua.
Durante su mandato, el expresidente Donald Trump ya había dado el primer paso al calificar al Tren de Aragua como organización terrorista. Esa designación fue parte de una ofensiva más amplia contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que se acusó de tolerar o incluso colaborar con redes criminales.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, no existe aún consenso sobre el nivel de infiltración real del Tren de Aragua en territorio estadounidense. La Administración Trump insistió en su expansión, aunque fuentes judiciales locales han sido cautas al respecto.
El texto aprobado en la OEA busca ejercer presión sobre aquellos gobiernos que aún no han tomado medidas contundentes contra el grupo. La condena colectiva apunta no solo al grupo en sí, sino a las estructuras de poder que lo permiten o ignoran.
El pedido de Perú y los países firmantes representa una advertencia: la lucha contra el Tren de Aragua no puede ser abordada país por país. Se necesita un enfoque regional, coordinado y sostenido, con instrumentos legales y diplomáticos que estén a la altura del fenómeno delictivo al que se enfrentan.
OEA: Perú, Estados Unidos y Argentina exigen declarar al Tren de Aragua como organización terrorista
Durante la Asamblea General de la OEA, Perú, EE.UU., Argentina y otros países instaron a los Estados miembros a calificar al Tren de Aragua como organización terrorista. La declaración busca endurecer la persecución judicial y financiera contra este grupo criminal de origen venezolano, cuya expansión preocupa en toda la región.
