Italia y Brasil han firmado esta semana un acuerdo de colaboración judicial que apunta a fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional. El pacto fue suscrito por Giovanni Melillo, fiscal nacional antimafia italiano, y representantes de la Fiscalía de San Pablo, en el marco de una creciente preocupación por el accionar internacional del Primer Comando de la Capital (PCC), principal organización criminal brasileña.
Melillo enfatizó que tanto Brasil como Italia enfrentan desafíos similares: estructuras mafiosas altamente organizadas con tentáculos globales. La “Ndrangheta”, con origen en Calabria, se ha consolidado como la mafia más internacionalizada de Europa, mientras que el PCC se expande velozmente en América Latina y fuera de ella. “Estamos ante una amenaza común que exige respuestas coordinadas”, subrayó el fiscal italiano.
El acuerdo no parte desde cero. Las autoridades italianas ya mantenían vínculos de trabajo con sus pares brasileños, especialmente en San Pablo. Sin embargo, este nuevo marco formaliza y acelera el intercambio de información, considerado vital para anticipar movimientos delictivos y desmantelar redes antes de que consoliden nuevas rutas de tráfico o lavado de activos.
Lincoln Gakiya, fiscal del Gaeco y figura clave en la lucha contra el PCC, afirmó sin rodeos: “Hoy podemos considerar al PCC como la primera mafia brasileña”. Su expansión territorial, estructura jerárquica y capacidad para infiltrar el poder económico y político replican patrones típicos de las mafias italianas. Gakiya ha sido amenazado por el grupo en múltiples ocasiones, lo que subraya el nivel de peligro que representa enfrentarlo.
Gakiya advirtió que el PCC ya opera en al menos 28 países. Su influencia se siente particularmente en naciones como Paraguay, Colombia, México y Chile. En este último, la ampliación del puerto de San Antonio ha generado alarma, pues se teme que se convierta en una nueva base logística para el tráfico de drogas. Este crecimiento internacional refuerza la necesidad de cooperación judicial entre países.
Durante un seminario en San Pablo, la experta estadounidense Gretchen Peters, directora de la Alliance Against Crime Online, señaló que Brasil enfrenta una de las situaciones más complejas de la región. Por su territorio cruzan rutas de tráfico que conectan a grupos de Colombia, Bolivia y Perú con mercados internacionales, generando una escalada de violencia tanto urbana como rural.
El más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló un crecimiento sin precedentes del mercado global de la cocaína. Colombia lidera la producción, con 2.600 toneladas en 2023, un 53% más que el año anterior. Brasil, como país de tránsito, se ha convertido en una pieza clave en esta cadena de exportación ilegal.
El nivel de sofisticación de las operaciones criminales quedó en evidencia el 11 de junio, cuando el aeropuerto de Guarulhos en San Pablo debió cerrar temporalmente tras detectar drones utilizados por narcotraficantes. En paralelo, tres individuos intentaban embarcar 150 kg de cocaína con destino a Sudáfrica. La operación fallida refleja el alto grado de organización de estas redes.
En la región amazónica, el PCC y otras organizaciones como el Comando Vermelho han extendido sus operaciones mediante el uso de semisumergibles y rutas fluviales como el río Solimões. Además del narcotráfico, se involucran en delitos como la minería ilegal y la deforestación, lo que agrava el daño ambiental en uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Una reciente operación internacional liderada por España permitió incautar 4 toneladas de cocaína valoradas en más de 250 millones de dólares. La droga salía del puerto de Santos y era transferida en alta mar a lanchas rápidas, en una logística controlada por el PCC. Según investigaciones, el grupo exporta hasta 5 toneladas al mes.
Según el fiscal Fábio Bechara, el PCC ha penetrado profundamente la economía legal brasileña. “Desde constructoras hasta ONGs de salud, pasando por casas de cambio en Paraguay”, describió. Uno de los puntos más vulnerables, según él, es la creación y capitalización de empresas, sin controles adecuados, lo que facilita el blanqueo de fondos ilícitos.
Brasil se prepara para discutir una profunda reforma de su sistema de seguridad. La Comisión de Seguridad Pública del Congreso debatirá la PEC 18/25, que busca una mayor integración de fuerzas y estructuras del Estado. Aunque algunos gobernadores expresaron reservas, muchos expertos consideran que se trata de un paso necesario para contener la expansión del crimen organizado y proteger a la ciudadanía.
