El Primer Comando de la Capital (PCC), considerado el grupo criminal más poderoso de Brasil, ha encontrado en las cárceles de América Latina una plataforma estratégica para expandir su influencia. Su modus operandi consiste en reclutar a presos de otras organizaciones criminales para incorporarlos a su estructura. Esta forma de captación, silenciosa pero efectiva, le permite afianzarse en nuevas geografías y escalar su dominio sobre mercados ilícitos como el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de dinero.
Un reciente informe de la Fiscalía de San Pablo, citado por los medios brasileños Globo News y G1, y replicado en Uruguay por el diario La Diaria, arroja cifras preocupantes: el PCC cuenta con al menos 2.078 integrantes distribuidos en 28 países. Su presencia es más fuerte en Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Uruguay, lo que confirma la expansión regional de su estructura criminal.
Paraguay lidera el listado con 699 integrantes vinculados al PCC, de los cuales 341 están encarcelados. Venezuela le sigue con 654 miembros y Bolivia ocupa el tercer lugar con 142. En Uruguay, la organización ha logrado vincular a 96 personas privadas de libertad y a 44 que operan en libertad, lo que implica una presencia activa en al menos dos dimensiones: la delictiva en territorio y la de control interno en el sistema penitenciario.
Las autoridades uruguayas vienen monitoreando la actividad del PCC desde hace algunos años. Según un informe de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional elaborado en 2023, la organización tuvo actividad documentada en al menos cuatro puntos fronterizos con Brasil: Artigas-Quaraí, Rivera-Livramento, Río Branco-Yaguarón y Chuy-Chui. Se identificaron a diez personas como miembros confirmados del grupo, muchas de ellas con antecedentes penales por delitos graves.
Entre estos integrantes figura Diego Fernando de la Vega, un ciudadano uruguayo señalado como “líder o reclutador” del PCC en el país. De la Vega posee antecedentes por narcotráfico y enfrenta una causa por homicidio calificado en Brasil desde 2014. Su rol como nexo operativo entre el crimen organizado brasileño y estructuras uruguayas refuerza la hipótesis de que el PCC actúa de forma articulada, valiéndose de actores locales para fortalecer su red.
Uno de los casos más recientes y significativos que refuerzan esta conexión es el decomiso de 750 kilos de hachís, droga procesada a partir de la resina del cannabis. Las investigaciones apuntan a que la mercancía fue introducida en Uruguay desde California y que tenía como destino final Brasil. Para facilitar su traslado, las organizaciones criminales habrían reclutado intermediarios uruguayos para retirar los paquetes y facilitar la logística.
La Policía Nacional no descarta que detrás de estos operativos esté el PCC. La modalidad utilizada, los vínculos detectados y la sofisticación del esquema hacen pensar en una estructura transnacional, con roles definidos y conexiones en varios países. Este patrón coincide con otros casos en la región, donde el PCC ha demostrado su capacidad para operar en redes internacionales y evadir controles.
Otro episodio que generó alarma fue el robo de una avioneta en un aeroclub privado de Rivera, departamento uruguayo limítrofe con Brasil. Cuatro personas irrumpieron en el lugar, amenazaron al personal técnico y sustrajeron una aeronave Cessna con autonomía de dos horas de vuelo. La avioneta fue hallada estrellada en territorio paraguayo, lo que sugiere una operación criminal de tipo comando.
Este tipo de acciones refuerza la preocupación de las autoridades sobre el nivel de penetración del crimen organizado en las zonas fronterizas. Rivera y otras localidades del norte del país han sido señaladas como puntos críticos por su cercanía con Brasil y su vulnerabilidad ante la actividad de organizaciones como el PCC, que aprovechan la permeabilidad de las fronteras para traficar drogas, armas e incluso personas.
El informe policial de 2023 también advierte sobre la presencia de otros grupos delictivos en el norte del país. “Os Manos” y “Os Tauras” son dos de las organizaciones que operan en paralelo al PCC, aunque con menor estructura y alcance. El primero tiene 52 miembros y actúa en Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha. Sus actividades principales son el acopio y distribución de estupefacientes, además del control territorial y tráfico de armas.
En tanto, “Os Tauras” cuenta con 22 integrantes, muchos de los cuales están recluidos en centros penitenciarios. Esta organización también se dedica al narcotráfico y al tráfico de armamento, y aunque su escala es menor, se encuentra bajo vigilancia por su posible articulación con redes más grandes, como la del PCC. La coexistencia de estas bandas en el territorio genera un panorama fragmentado pero peligroso.
