La Paz se vio paralizada por una masiva marcha de mineros que reclamaron la derogación del decreto presidencial que eliminó el subsidio a los combustibles. La protesta se sumó a bloqueos en otras regiones del país, evidenciando la tensión social frente a la medida económica del gobierno.
“Estamos en las calles en una lucha que seguirá hasta que se derogue esta norma”, declaró Andrés Paye, dirigente minero, durante la manifestación. Criticó la política del Ejecutivo al asegurar que “aprueba normas que benefician a empresarios y castigan a los sectores más vulnerables”.
Las fuerzas policiales bloquearon el acceso a la Plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno, para evitar que los manifestantes ingresaran al corazón administrativo del país. La marcha congestionó las principales calles del centro paceño y generó complicaciones en la movilidad urbana.
En la vecina ciudad de El Alto, juntas vecinales cerraron varias avenidas, mientras que la Administradora de Carreteras informó sobre bloqueos en rutas de seis de las nueve regiones bolivianas. Cochabamba también registró movilizaciones, donde sindicatos afines al expresidente Evo Morales realizaron bloqueos en rutas estratégicas hacia el oriente del país.
La Central Obrera Boliviana convocó el paro general, aunque su impacto fue desigual. El sector transporte, tras negociar con el gobierno durante el fin de semana, decidió mantener el servicio en varias ciudades. En La Paz, el transporte público operó con normalidad, mientras que en Santa Cruz la circulación fue limitada.
Lucio Gómez, dirigente de transportistas, aseguró: “No hay paro, trabajaremos en servicio del pueblo”, tras reunirse con autoridades. Otro sindicalista, Luis Paco, reconoció que la eliminación del subsidio era anticipada y, aunque cuestionó la falta de concertación, calificó la medida de “inevitable”.
Desde su asunción el 8 de noviembre, el presidente Rodrigo Paz dio por finalizado un subsidio que había mantenido el precio de la gasolina y el diésel en 0,53 dólares por litro durante más de dos décadas. Según el Ejecutivo, el sistema de subvenciones agotó las reservas de divisas del país y profundizó la crisis económica.
“El país atraviesa una enfermedad económica y hay que sanarlo. Cada día se destinan 10 millones de dólares a un subsidio que termina beneficiando al contrabando”, declaró Paz durante un encuentro con ciudadanos, subrayando que la medida “no tiene marcha atrás, pero marca un inicio de cambios necesarios”.
Desde el gabinete, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó las reformas como el comienzo de “un nuevo ciclo país tras 20 años de populismo”. Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, resaltó que la eliminación del subsidio representa un ahorro diario de 10 millones de dólares para el Estado.
Como complemento, el gobierno decretó un aumento salarial del 20% para el 15% de los trabajadores formales, mantuvo y anunció incrementos en los bonos sociales para ancianos y familias de bajos recursos, y autorizó la importación de autopartes sin aranceles para transportistas.
Las decisiones del Ejecutivo cuentan con el respaldo de los sectores empresariales y del gobierno estadounidense, quienes ven en estas políticas un incentivo para atraer inversiones externas que reactiven la economía.
El politólogo Carlos Cordero advirtió que “los grupos afines a Evo Morales y la COB buscan mostrar fuerza, pero han perdido capacidad de convocatoria”. A su juicio, muchos sectores reconocen la necesidad del ajuste económico, mientras los actores que perdieron influencia intentan reposicionarse de cara a las elecciones regionales del próximo año.
