El Gobierno argentino promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, tras el rechazo del veto presidencial.
La promulgación se formalizó mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, pero con una condición clave: la Ley no podrá aplicarse hasta que el Congreso defina cómo será financiada.
Se estima que la nueva pensión para personas con discapacidad implicará un gasto de $2.166.985.900.000 en 2025, lo que supone un 0,26 % del PBI, y de $4.706.628.500.000 en 2026, equivalente al 0,47 % del PBI.
El programa “Incluir Salud”, que cubre a titulares de pensiones no contributivas, agregaría un coste de $574.200.000.000 en 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 en 2026 (0,12 % del PBI).
Además, la compensación para prestadores asciende a unos $278.323.000.000 (0,03 % del PBI). En total, implementar la ley demandaría un crédito presupuestario de unos $3.019.508.900.000, alrededor del 0,35 % del PBI.
El Ejecutivo justificó la suspensión de la ejecución afirmando que el presupuesto vigente “no tiene créditos suficientes” para afrontar las erogaciones previstas y que los recursos disponibles resultan insuficientes.
El Decreto 681/2025 invoca el artículo 38 de la Ley 24.156 (Administración Financiera) que exige que toda norma que autorice gastos no previstos incluya la fuente de esos recursos. También se basa en el artículo 5 de la Ley 24.629.
Diputados y senadores insistieron en sancionar la ley con mayoría especial, obligando al Ejecutivo a promulgarla mediante el artículo 83 de la Constitución Nacional, pese a los reparos por su costo fiscal.
No obstante, aunque la Ley está vigente formalmente, su aplicación práctica está condicionada: sin incorporación explícita de las partidas necesarias en el presupuesto nacional, no podrá ponerse en marcha.
Ante esto, el Gobierno dispuso ajustes presupuestarios mediante la Decisión Administrativa 24/2025 para reforzar la financiación de algunos servicios inmediatos, especialmente los prestadores del sistema de discapacidad, con vigencia desde el 1° de octubre.
