Mario Rivarola, vocero de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), declaró que las comunidades indígenas no se oponen a la regionalización del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), pero cuestionan “la forma” en que cerraron su sede central.
Rivarola afirma que el cierre se hizo sin consultar previamente a los líderes indígenas, lo que califican como una violación del artículo 29 de la Ley Nº 904, “Estatuto de las Comunidades Indígenas”, que regula al INDI.
Subrayó que la norma indica que el domicilio legal del INDI debe estar en Asunción, sede oficial del Estado, y afirmó que las comunidades no piden volver al local en la Avenida Artigas, sino a aquel que corresponde por ley: el Hospital Militar.
Actualmente, el INDI tiene actividades desde el departamento de Caaguazú. En Asunción, funciona una oficina en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pero está limitada: sólo dispone de una mesa de entrada.
Anivid también denunció un “plan de exterminio” contra los pueblos indígenas, que estaría basado en el racismo y la xenofobia del gobierno.
Según Rivarola, hay intención de derogar normativas que, hasta ahora, garantizan derechos fundamentales como el acceso a tierras. “La Constitución, la Ley 904 y otras leyes dicen que el Estado debe darnos tierras”, dijo, acusando protección excesiva a sojeros, latifundistas y financiadores del poder.
En respuesta, hoy lunes se llevará a cabo una Movilización Nacional de los Pueblos Indígenas con el lema: “Nuestros derechos no se cierran. Nuestra dignidad no se traslada ni se archiva”.
En Asunción, la protesta se concentra en la Plaza Italia. Participarán delegados de comunidades de todo el país que demandan la reapertura del INDI en su sede de ley, el fin de desalojos forzosos, y políticas de producción incluyentes al MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería).
Las demandas centrales incluyen respeto al territorio, cumplimiento de leyes y normativas vigentes, y una atención estatal que no margine ni invisibilice a los pueblos originarios.
Exigen también que el INDI restablezca su funcionamiento institucional adecuado, con personal, oficinas y capacidad operativa, no solo oficinas regionales con funciones limitadas.
Las comunidades indígenas advierten que, de no atenderse sus reclamos, esta medida podría aumentar la desconfianza hacia el Estado, debilitar su participación ciudadana y generar conflictos sociales; piden diálogo inmediato, respeto legal y restauración de las garantías perdidas.
