La Corte Suprema de Brasil ordenó al Gobierno de Río de Janeiro conservar y documentar todas las pruebas materiales vinculadas con la operación policial que dejó más de cien muertos en los complejos de favelas Penha y Alemão. La medida busca asegurar la transparencia y la rendición de cuentas tras uno de los procedimientos más sangrientos en la historia reciente del país.
El juez Alexandre de Moraes dispuso que la preservación de los elementos probatorios, incluidos peritajes y cadenas de custodia, se ejecute de manera rigurosa y completa. El objetivo, según la resolución, es facilitar la investigación que lleva adelante el Ministerio Público y garantizar que ninguna evidencia sea alterada o destruida.
Esta decisión se enmarca en una sentencia anterior del Supremo Tribunal Federal (STF), que fijó nuevos parámetros para las intervenciones policiales en las favelas de Río de Janeiro. Dichas normas buscan prevenir violaciones a los derechos humanos durante los operativos de seguridad.
El Supremo pretende determinar si el Gobierno estatal cumplió con las disposiciones previas y si la reciente incursión se ajustó a los protocolos de derechos humanos establecidos. El fallo también ordena notificar de inmediato al gobernador Cláudio Castro para que acate la resolución sin dilaciones.
Además, el magistrado programó una audiencia conjunta para el 5 de noviembre, en la que participarán cerca de veinte organizaciones sociales y de derechos humanos. El encuentro tiene como fin escuchar a los actores que trabajan directamente en los territorios afectados.
Por otra parte, este lunes el gobernador Castro deberá comparecer ante Moraes. Deberá presentar un informe completo sobre el operativo, el balance oficial de víctimas y las medidas adoptadas para atender a los familiares y heridos.
El operativo movilizó a unos 2.500 policías y tenía como objetivo desmantelar al Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas de Brasil. Sin embargo, la magnitud de la violencia desplegada encendió críticas dentro y fuera del país.
Las cifras oficiales continúan siendo confusas. Mientras la Defensoría Pública contabiliza 132 fallecidos, el Gobierno regional solo reconoce 121. La disparidad alimenta la desconfianza sobre la transparencia del procedimiento.
Cláudio Castro defendió la intervención y la calificó de “exitosa”, al considerar que los únicos caídos fueron los cuatro policías muertos en el operativo. Sus declaraciones provocaron indignación en sectores sociales y políticos que reclaman una investigación independiente.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, la mayoría de las víctimas tenía antecedentes por delitos graves, y casi la mitad contaba con órdenes de captura. Sin embargo, las autoridades solo lograron ejecutar 20 de las 100 órdenes judiciales que justificaban la incursión.
Entre los fallecidos identificados, 40 provenían de otros estados brasileños. El Gobierno de Río aseguró que eran líderes criminales refugiados en la ciudad, vinculados al Comando Vermelho y buscados por la Justicia.
Castro atribuyó el aumento de la presencia de delincuentes foráneos a una medida del Supremo que desde 2021 restringe las operaciones policiales en favelas. Según el mandatario, esa limitación convirtió a Río en un “refugio” para bandas criminales provenientes de regiones como Pará, Bahía y Ceará.
Fuente: Infobae
