La Corte Constitucional de Colombia dio un paso decisivo este jueves en la lucha contra el matrimonio infantil, estableciendo que la edad mínima para casarse en el país es de 18 años cumplidos. En una sentencia que marca un precedente importante en la protección de los derechos de los niños y niñas, el tribunal determinó que dos artículos del Código Civil colombiano, que permitían el matrimonio de menores con el consentimiento de los padres, son incompatibles con la Constitución de 1991, y por lo tanto, son “inexequibles”.
La Corte declaró que el matrimonio y las uniones maritales entre o con personas menores de 18 años son contrarias a la Constitución, enfatizando que estas prácticas resultan perjudiciales para el desarrollo y bienestar de los menores. Según el alto tribunal, las uniones tempranas se basan en “paradigmas culturales y estereotipos de género” que deben ser superados, ya que no solo afectan los derechos fundamentales de las niñas, sino que también perpetúan la discriminación y la violencia.
Asimismo, el fallo subraya que tales matrimonios violan disposiciones internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, lo que refuerza la posición del tribunal de que estas prácticas no deben tener cabida en un Estado que se compromete con la igualdad y la protección de los derechos humanos.
El tribunal no se conformó con simplemente declarar inconstitucionales los artículos del Código Civil. También hizo un llamado a las autoridades colombianas para que adopten políticas públicas enfocadas en erradicar el matrimonio infantil. En este sentido, la Corte instó a los organismos gubernamentales a implementar programas educativos y pedagógicos que permitan a las niñas y adolescentes formar un juicio propio, libre de presiones sociales o familiares, y con la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre su vida y su futuro.
La Corte recomendó además que la Defensoría del Pueblo identifique las regiones del país donde se registra una mayor incidencia de matrimonios y uniones tempranas, especialmente en las comunidades más vulnerables, como las rurales y las indígenas. En estas zonas, el matrimonio infantil sigue siendo una práctica arraigada, y las niñas a menudo se ven obligadas a casarse con hombres mucho mayores que ellas, lo que acarrea graves consecuencias sociales, psicológicas y físicas.
Una de las realidades más alarmantes es la situación de las niñas indígenas, que ocupan un lugar destacado en las estadísticas de matrimonio infantil. Según informes de UNICEF, alrededor de un tercio de las niñas indígenas en Colombia se casan antes de los 18 años, con hombres que pueden duplicar o incluso triplicar su edad. Estas uniones conllevan altos riesgos, como la violencia sexual, embarazos tempranos y abandono escolar, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y vulnerabilidad en estas comunidades.
El contexto social de Colombia refleja una realidad compleja, en la que el matrimonio infantil es una tradición en muchas áreas rurales, especialmente en comunidades étnicas y campesinas. Estas uniones tempranas no solo afectan el desarrollo personal de las menores, sino que también limitan sus oportunidades en educación y trabajo, contribuyendo a su exclusión social y económica.
El fallo de la Corte Constitucional se produce después de que el Senado colombiano aprobara en noviembre de 2023 un proyecto de ley que eliminó oficialmente el matrimonio infantil en el país. Esta reforma había sido presentada varias veces en el pasado sin éxito, pero finalmente logró su aprobación gracias al trabajo de activistas y organizaciones que luchan por los derechos de las niñas y adolescentes.
Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial en cuanto a la tasa de matrimonios infantiles, según un informe de UNICEF de 2022. Este dato refleja la magnitud del problema, que afecta principalmente a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y pone de manifiesto la urgencia de implementar medidas concretas para erradicar esta práctica.
El hecho de que la Corte Constitucional haya tomado esta decisión abre la puerta a un cambio significativo en las políticas del país, y posiciona a Colombia en la vanguardia de la lucha por los derechos de las niñas. La decisión también sienta un precedente para otros países de la región que aún permiten el matrimonio infantil en determinadas circunstancias.
Este fallo es, sin duda, un avance en la protección de los derechos humanos, pero también representa un desafío para el gobierno colombiano, que deberá garantizar la implementación efectiva de políticas públicas que frenen el matrimonio infantil y promuevan la igualdad de género. La sociedad colombiana, en su conjunto, tendrá que asumir el compromiso de erradicar las normas sociales que permiten la perpetuación de esta práctica nociva.
En conclusión, la decisión de la Corte Constitucional de Colombia no solo es un triunfo para los derechos de las niñas y adolescentes, sino que también representa un llamado urgente a la acción de las autoridades y de la sociedad en general para garantizar que todas las niñas puedan crecer en un entorno seguro, libre de violencia y discriminación, y con la oportunidad de decidir libremente su futuro. La erradicación del matrimonio infantil es un paso crucial para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
