El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una controvertida orden ejecutiva que impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) por su decisión de investigar al gobierno de Israel, específicamente al primer ministro Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra. La orden, firmada durante una visita del líder israelí a Washington, acusa al tribunal de actuar de manera ilegítima y de emitir órdenes de arresto sin fundamento, específicamente por los presuntos abusos cometidos durante las operaciones militares de Israel en Gaza tras el ataque de Hamas en octubre de 2023.
A pesar de las sanciones, la CPI se mantiene firme en su misión, que es garantizar justicia para las víctimas de atrocidades en todo el mundo. En un comunicado, la Corte expresó su condena ante la medida de Estados Unidos y reiteró su compromiso de seguir luchando por los derechos humanos, independientemente de los obstáculos impuestos por actores externos. Asimismo, la CPI hizo un llamado a sus 125 Estados miembros y a la comunidad internacional para que defiendan la independencia judicial y se opongan a las sanciones de Trump.
La orden de Trump también menciona que los funcionarios de la CPI podrían enfrentar consecuencias severas, incluyendo la congelación de bienes y activos, así como la prohibición de ingresar a territorio estadounidense. Esta acción se enmarca en un largo historial de desconfianza y oposición entre Estados Unidos y la Corte, a la que no pertenece, pero que ha sido objeto de críticas por su intervención en casos como los crímenes de guerra en Afganistán, en los que EE. UU. también estuvo involucrado.
El líder republicano, senador Lindsey Graham, ha sido uno de los principales opositores a la CPI, asegurando que la Corte actúa de manera arbitraria e injusta. En su última declaración, Graham calificó las acciones de la CPI como un ataque a Israel y advirtió sobre las posibles repercusiones de cualquier intento de cumplir las órdenes de arresto contra Netanyahu. Según su visión, la Corte no debería actuar en contra de un país con un sistema judicial independiente y fuerte como el de Israel.
La polémica también ha generado reacciones entre activistas de derechos humanos, quienes consideran que las sanciones de Trump obstaculizan el trabajo de la Corte y dificultan la búsqueda de justicia para las víctimas de abusos de derechos humanos. Charlie Hogle, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles, expresó su preocupación por cómo esta medida afectará la labor de la CPI en otras zonas de conflicto, donde las víctimas dependen de su intervención para encontrar justicia.
Human Rights Watch también se pronunció en contra de las sanciones, señalando que Estados Unidos está haciendo un flaco favor a las víctimas al socavar la capacidad de la Corte para procesar crímenes de guerra y abusos de derechos humanos en todo el mundo. La organización instó a Washington a reconsiderar su posición y a defender los principios fundamentales de justicia que rigen a la Corte.
En cuanto al contexto legal, tanto Estados Unidos como Israel no son miembros de la CPI, y ambos países han cuestionado históricamente su autoridad. Trump, en particular, ha expresado su rechazo a la Corte por lo que considera un intento de procesar arbitrariamente a funcionarios estadounidenses y de países aliados.
Este enfrentamiento entre la administración de Trump y la Corte se remonta a 2020, cuando el presidente estadounidense sancionó a la fiscal Fatou Bensouda por su decisión de investigar crímenes de guerra en Afganistán. En 2023, el caso del presidente ruso Vladimir Putin, acusado de crímenes de guerra en Ucrania, también impulsó una nueva fase de cooperación moderada de EE. UU. con la CPI. Sin embargo, la reciente orden de arresto contra Netanyahu ha generado un nuevo choque entre ambos actores.
