Este viernes, el Gobierno de Venezuela emitió un comunicado formal denunciando el secuestro de una aeronave de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), ocurrido en República Dominicana. Según el Ejecutivo venezolano, el acto fue ejecutado por orden directa del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en lo que calificaron como una agresión contra la soberanía de la nación.
El avión, un Dassault Falcon 2000EX, se encontraba en un hangar del aeropuerto de Santo Domingo desde el año 2024, mientras realizaba actividades vinculadas a operaciones de PDVSA. La Cancillería venezolana sostuvo que Rubio, conocido por su postura crítica hacia Venezuela, tuvo un papel activo en el secuestro de la aeronave, y lo describió como un “delito abierto” perpetrado con el apoyo del gobierno de la República Dominicana.
El gobierno de Nicolás Maduro apuntó contra el “odio” del funcionario estadounidense hacia Venezuela, lo que habría llevado a este acto hostil contra el país sudamericano. Según la denuncia, el secuestro fue llevado a cabo con la complicidad del gobierno dominicano, al que Caracas describió como “cipayo”, un término utilizado en el contexto de la política latinoamericana para señalar gobiernos que supuestamente actúan en favor de intereses extranjeros.
Este no es el primer incidente de este tipo. En septiembre de 2023, otro avión venezolano fue robado por EE.UU. en suelo dominicano, una acción que también fue rechazada fuertemente por sectores de izquierda y grupos de solidaridad en República Dominicana. En ese caso, la aeronave se encontraba en el país por motivos de mantenimiento.
La situación escaló a principios de 2024, cuando, con el apoyo del gobierno argentino de Javier Milei, EE.UU. se apoderó de un avión de gran porte, un Boeing 747-300, también de propiedad venezolana. La aeronave fue desmantelada y trasladada a territorio estadounidense. Venezuela denunció que este avión tenía una función humanitaria, ya que se utilizaba para ayudar a países afectados por emergencias.
El secuestro de esta aeronave, según Venezuela, no solo fue un acto arbitrario, sino también una violación de varias convenciones internacionales que rigen el comercio y el uso de aeronaves internacionales. El gobierno venezolano destacó que dicho avión tenía un rol vital en la cooperación internacional, particularmente en el ámbito humanitario.
Este nuevo robo pone de manifiesto una serie de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que han sido evidentes en los últimos años. Washington ha ejercido sanciones severas contra Caracas, mientras que el gobierno de Maduro ha denunciado la interferencia y hostilidad de EE.UU. hacia la soberanía venezolana.
Venezuela también expresó su preocupación por la creciente influencia de EE.UU. en países de la región, y se mostró alarmada por la complicidad de República Dominicana en estos hechos. El gobierno de Maduro ha asegurado que continuará defendiendo sus activos y luchando contra lo que considera un abuso de poder internacional.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha defendido sus acciones en el contexto de la lucha contra el régimen de Maduro, a quien acusan de violaciones de derechos humanos y corrupción. Sin embargo, la comunidad internacional, en especial aquellos países que mantienen relaciones cercanas con Venezuela, han cuestionado la legalidad de tales acciones y los métodos utilizados.
