Este lunes, la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, determinó que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002‑2010) cometió soborno en actuación penal y fraude procesal, convirtiéndose en el primer exmandatario colombiano condenado por la justicia penal.
La magistrada concluyó que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, ofreció beneficios judiciales al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su testimonio, con la intención de perjudicar al senador Iván Cepeda.
El delito de soborno en actuación penal fue demostrado según la jueza, al tiempo que el fraude procesal se probó mediante la presentación de documentos falsos y testimonios manipulados.
Uribe fue absuelto expresamente del cargo de soborno simple, uno de los tres delitos inicialmente imputados, al no encontrarse pruebas suficientes para acreditarlo.
La fiscalía solicitó una pena mínima de seis años de prisión, pero podrá alcanzar hasta 12 años. Se evalúa si se aplica prisión domiciliaria, dada la edad (73 años) del sindicado.
Aunque Uribe ha manifestado siempre su inocencia, su defensa ya anunció que apelará el fallo en los próximos días.
Este juicio surgió de una denuncia inicial de Uribe contra Cepeda en 2012, que terminó invertido cuando se descubrió que Uribe buscó manipular testigos durante la investigación.
La jueza Heredia validó interceptaciones telefónicas obtenidas por la Corte Suprema, así como grabaciones hechas con reloj espía en la cárcel La Picota, considerando su autenticidad y fiabilidad.
El caso provocó manifestaciones tanto a favor como en contra del fallo: seguidores del expresidente lo reclaman como persecución, mientras el gobierno y sectores políticos celebraron la independencia judicial.
La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia pidió protección para la jueza Heredia y reforzar la independencia del sistema judicial ante presiones políticas.
El fallo marca un punto de inflexión histórico: es la primera vez que un expresidente colombiano es declarado culpable en un juicio penal en primera instancia.
El proceso aún no ha concluido: la sentencia se conocerá el 1 de agosto y la defensa podrá apelar al Tribunal Superior de Bogotá, lo que podría extender el litigio por varios años
