El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de USD 400 millones para Ecuador destinado a fortalecer las capacidades institucionales en la lucha contra el crimen organizado, anunció el Ministerio de Finanzas.
El desembolso se enmarca en el “Programa de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Respuesta a la Violencia y Criminalidad”, impulsado por el Ejecutivo de Daniel Noboa desde 2024.
El objetivo del préstamo, bajo la modalidad de Apoyo Programático de Reformas de Política Pública, es respaldar reformas estructurales sin vincularse a un proyecto específico, sino a la implementación de políticas ya acordadas. La iniciativa busca fortalecer sistemas judiciales y de seguridad, combinando acciones reactivas con estrategias de prevención de la violencia, y ha sido destacado por el BID como un modelo de respuesta sistémica.
El BID valoró el compromiso del Gobierno ecuatoriano por combinar inversión social, modernización institucional y colaboración regional con otros países para enfrentar redes delictivas. En agosto de 2024, durante la Cumbre Latinoamericana de Seguridad en Guayaquil, Ecuador lideró la creación de la Alianza para la Seguridad, orientada a combatir crimen transnacional mediante cooperación consular y policial.
La alianza sigue una hoja de ruta enfocada en la prevención del reclutamiento de menores, el lavado de activos, la extinción de dominio y la reducción de la minería ilegal como fuente de financiamiento criminal. El crédito del BID se suma a otras acciones conjuntas: el 17 de junio de 2025 se instaló una mesa de trabajo para definir la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, orientada a fomentar un desarrollo sostenible y equitativo.
En paralelo al crédito del BID, Ecuador recibió USD 1.500 millones del FMI entre junio y diciembre de 2024, dentro de un programa de USD 4.000 millones destinado a fortalecer las finanzas públicas.
La Corporación Andina de Fomento (CAF) también aportó USD 416 millones, coordinados con el programa del FMI, en apoyo a la estabilidad macroeconómica y la gestión responsable de la deuda del Estado.
