Hungría ha tomado la decisión de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), una institución clave en el sistema de justicia global. Este anuncio fue hecho el jueves, en medio de una creciente tensión internacional relacionada con la reciente visita a Budapest del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La orden de detención emitida por la CPI sobre Netanyahu, acusándolo de crímenes de guerra en Gaza, fue el catalizador de la decisión húngara.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, un político de línea dura conocido por su postura nacionalista, invitó a Netanyahu a su país en noviembre del año pasado, justo después de que la CPI emitiera la orden de arresto. La orden de la Corte acusa a Netanyahu y a su exministro de Defensa, Yoav Gallant, de haber utilizado el hambre como un “método de guerra” y de haber atacado deliberadamente a civiles en Gaza. Estas acusaciones surgieron en el contexto de la ofensiva israelí en Gaza, lanzada tras un ataque perpetrado por combatientes de Hamas contra el sur de Israel.
La CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, fundamentó sus cargos en presuntos crímenes cometidos durante el conflicto. Sin embargo, Israel ha rechazado de manera tajante las acusaciones, calificándolas de políticamente motivadas y alimentadas por el antisemitismo. El gobierno israelí sostiene que su acción en Gaza fue una medida legítima de autodefensa en respuesta a los ataques de Hamas.
Hungría, que fue signataria del tratado fundacional de la CPI en 1999 y ratificó el Estatuto de Roma en 2001, está formalmente obligada a cooperar con las decisiones del tribunal. Sin embargo, el gobierno de Orbán ha indicado que no acatará la orden de arresto contra Netanyahu. En declaraciones recientes, Orbán calificó la orden de detención como “descarada, cínica y completamente inaceptable”. Esto marca una clara ruptura con el compromiso previo de Hungría con la CPI.
En ese contexto, el jefe de gabinete de Orbán, Gergely Gulyas, explicó que el gobierno húngaro iniciaría de inmediato el proceso para retirarse de la CPI. Aunque Hungría firmó el tratado y ratificó el Estatuto de Roma, las autoridades húngaras nunca lo incorporaron completamente en su legislación, lo que significa que no pueden aplicar sus decisiones. Gulyas también recordó que esta situación se había planteado previamente tras las sanciones impuestas por Estados Unidos al fiscal de la CPI, Karim Khan, en febrero de este año.
El primer ministro húngaro había mostrado su disposición a revisar la participación de su país en organizaciones internacionales como la CPI desde principios de año. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Orbán mencionó que la decisión de Estados Unidos de sancionar a funcionarios de la Corte, incluidos los fiscales, obligaba a Hungría a reconsiderar su relación con el tribunal.
El proceso de salida de la CPI podría llevar hasta un año, y se espera que el Parlamento húngaro, dominado por el partido Fidesz de Orbán, apruebe el proyecto de ley que formalizará la retirada. Esta decisión ha generado fuertes reacciones a nivel internacional, y expertos advierten que podría tener repercusiones en la relación de Hungría con otros países miembros de la comunidad internacional.
La CPI, por su parte, ha defendido su independencia y el valor de sus decisiones, señalando que no está influenciada por presiones políticas. Sin embargo, la medida tomada por Hungría subraya la creciente división en la forma en que diferentes gobiernos interpretan y aplican las normas internacionales.
Este episodio se enmarca dentro de un contexto geopolítico más amplio en el que varios países están cuestionando la legitimidad y la efectividad de instituciones globales como la CPI. La retirada de Hungría se produce en un momento crítico, cuando las relaciones internacionales en Europa y Medio Oriente están más tensas que nunca.
Desde su llegada al poder, Orbán ha seguido una política de alineamiento con gobiernos que comparten una visión nacionalista similar, como el de Israel, lo que ha llevado a algunos a cuestionar su compromiso con los principios democráticos y los derechos humanos. Su decisión de respaldar a Netanyahu, a pesar de la orden de arresto de la CPI, refleja su enfoque pragmático en las relaciones exteriores, basado en intereses nacionales y una visión de la soberanía que lo ha llevado a desafiar a las instituciones internacionales.
La relación de Hungría con Estados Unidos también se ha visto afectada en los últimos años por las políticas de Orbán. La administración del presidente estadounidense Donald Trump, por ejemplo, ha mantenido una postura favorable a las decisiones de Netanyahu, lo que ha generado una mayor cercanía entre los dos gobiernos. Sin embargo, con la nueva administración de Donald Trump, se espera que la postura de Estados Unidos hacia Orbán y sus políticas cambie, lo que podría agregar más complejidad a la situación.
Por otro lado, las autoridades israelíes han dado la bienvenida a la decisión de Hungría, interpretándose como una expresión de apoyo en un momento difícil para el gobierno de Netanyahu. El primer ministro israelí se encuentra en medio de una serie de desafíos internos, tanto por las acusaciones de crímenes de guerra como por las protestas internas contra sus políticas.
La salida de Hungría de la CPI podría tener implicaciones más allá de las fronteras europeas, particularmente en el contexto de las relaciones internacionales de Israel con otras naciones. En este sentido, las decisiones de Hungría podrían marcar un precedente para otros países que se sienten cada vez más incómodos con las políticas de la Corte Penal Internacional.
