Este jueves, el gobierno de Estados Unidos, bajo la dirección del presidente Donald Trump, activó un arancel del 25% sobre una variedad de productos importados, con un enfoque particular en los automóviles, camiones ligeros y autopartes. Este nuevo gravamen es una pieza clave en la política comercial proteccionista de Trump, que busca reducir la dependencia de Estados Unidos de productos fabricados en el extranjero.
El decreto que entró en vigor también excluye temporalmente a los vehículos producidos en México y Canadá del arancel del 25%. Esta exención se basa en las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual regula el comercio entre los tres países. No obstante, esta medida no es definitiva, y en el futuro se impondrá un impuesto sobre el contenido no estadounidense de los vehículos ensamblados en estas naciones.
La medida está diseñada para afectar principalmente a los fabricantes de automóviles de países como Japón, Corea del Sur y Alemania, que tienen una presencia significativa en el mercado estadounidense. Sin embargo, los tres gigantes de la automotriz estadounidense—General Motors, Ford y Stellantis—también podrían enfrentar consecuencias, ya que una porción de su producción se lleva a cabo en México y Canadá, y sus vehículos incorporan componentes fabricados fuera de Norteamérica.
Desde la Casa Blanca, se argumenta que esta medida tiene como objetivo atraer inversiones extranjeras y fomentar la manufactura interna de Estados Unidos, protegiendo lo que se considera una amenaza a la seguridad económica del país: la dependencia de vehículos importados. Sin embargo, las críticas sobre el impacto en el consumidor comienzan a resonar en la industria y entre expertos económicos.
Las asociaciones del sector automotriz ya han señalado que el nuevo arancel podría resultar en aumentos de precios sustanciales. Se estima que los consumidores podrían enfrentar un incremento de entre 2.500 y 20.000 dólares por vehículo, dependiendo del modelo y la cantidad de componentes importados.
El decreto también incluye la imposición de aranceles sobre componentes clave de los vehículos, como motores, sistemas eléctricos y transmisiones. Las autoridades estadounidenses deberán establecer un mecanismo para calcular el contenido no estadounidense en cada unidad, lo que añade una capa de incertidumbre sobre cómo se implementarán estos aranceles y el impacto que tendrá sobre los fabricantes.
El sistema de aplicación de este gravamen aún no tiene una fecha de implementación y dependerá de la capacidad del gobierno estadounidense para calcular el contenido no estadounidense en los vehículos. Los fabricantes de automóviles y los exportadores se mantienen a la espera de detalles adicionales sobre cómo se aplicarán estos aranceles, generando un clima de incertidumbre.
A pesar de las exenciones temporales, la administración Trump no ha descartado la posibilidad de imponer aranceles adicionales a las importaciones provenientes de México y Canadá, lo que elevaría aún más el costo de los vehículos. Además, el presidente ha hablado de imponer aranceles generales del 25% como represalia por el tráfico de fentanilo y la crisis migratoria proveniente de estos países.
El impacto de la medida ha sido global, con reacciones de los socios comerciales de Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que Bruselas está lista para responder a las nuevas tarifas. Por su parte, China también instó a Washington a retirar los aranceles, lo que subraya la creciente tensión comercial.
Con la imposición de aranceles sobre los automóviles y autopartes, la administración Trump parece dispuesta a dar un paso más en su guerra comercial. Trump ha utilizado un enfoque de “aranceles recíprocos”, es decir, impuestos impuestos a los países que, según él, han sido desleales con Estados Unidos en sus propias políticas arancelarias.
