En un nuevo esfuerzo por frenar el avance del crimen organizado, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Eduardo Arana, anunció que el gobierno aumentará las recompensas por información que permita capturar a líderes criminales, elevando el monto hasta un millón de soles (alrededor de 279.000 dólares).
La decisión, que fue formalizada este martes mediante la modificación de una norma legal, busca dinamizar los procesos de captura de los principales cabecillas de organizaciones delictivas que operan en todo el país.
“No permitiremos que la delincuencia nos gobierne ni que impongan sus reglas”, afirmó Arana durante un acto oficial, al explicar que esta política forma parte de una estrategia integral del Ejecutivo para combatir la violencia y la criminalidad.
El primer ministro subrayó que el objetivo es enviar una señal clara de que el Estado está dispuesto a atacar con decisión las redes que operan tras delitos como el sicariato, la extorsión y el tráfico de personas, delitos que han ido en aumento en las principales ciudades peruanas.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, explicó en declaraciones a la emisora RPP que el nuevo tope de recompensa se aplicará a casos prioritarios, como el de Erick Moreno, alias “El Monstruo”, presunto líder de la banda “Los Injertos del Cono Norte”.
Moreno es uno de los delincuentes más buscados del país y su captura ha sido declarada de alto interés nacional. Según las autoridades, se desplaza entre Paraguay, Bolivia y Brasil, bajo la protección de grupos criminales locales.
Malaver detalló que incrementar la recompensa es también una estrategia para debilitar las finanzas de estos delincuentes. “Queremos afectar su economía. Si pierden poder adquisitivo, sus redes de protección dejarán de cubrirlos”, explicó.
Uno de los nexos de “El Monstruo” en Paraguay sería su presunta pareja, Dayana Jazmín Martínez Valdés, señalada como colaboradora clave en su red. Se sospecha que ella administra parte de los fondos provenientes de extorsiones y cumple un rol logístico en su fuga.
El caso de Moreno ha llamado la atención por el nivel de protección y sofisticación con que opera su entorno. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad realizaron más de 30 allanamientos en Lima, Callao e Ica, como parte de las acciones para desarticular su red.
Como resultado de estos operativos, 27 personas fueron detenidas, entre ellas la madre de Moreno, quien está acusada de manejar los recursos financieros de la banda. La Fiscalía la señala como el “brazo económico” del grupo criminal.
Las autoridades consideran que esta ofensiva, que combina medidas legales, inteligencia internacional y presión económica, es crucial para reducir el poder de fuego del crimen organizado y recuperar el control de zonas afectadas por la violencia.
El gobierno reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y anunció que continuará fortaleciendo la cooperación con países vecinos para capturar a los delincuentes que se refugian fuera de Perú, utilizando redes regionales de protección.
