Las autoridades chilenas revelaron este martes el desmantelamiento de una red criminal de lavado de dinero asociada al Tren de Aragua, organización de origen venezolano, que logró enviar al extranjero más de 13,5 millones de dólares obtenidos mediante actividades ilícitas.
El operativo, considerado uno de los más relevantes en la lucha contra el crimen organizado en el país, concluyó con la detención de 52 personas, en su mayoría extranjeras, en diversas regiones del territorio nacional, incluyendo Santiago, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Biobío.
“Al crimen organizado no solo se le combate con arrestos; hay que desarmar su estructura económica. El dinero es el corazón de estas redes”, sostuvo el fiscal general Ángel Valencia, al presentar los resultados del operativo en una conferencia de prensa.
La investigación expuso un entramado financiero sofisticado que incluía sociedades ficticias, cuentas bancarias falsas, el uso de criptomonedas y otras herramientas diseñadas para encubrir el origen ilícito de los fondos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el dinero provenía de delitos graves como sicariato, trata de personas, extorsión, secuestros y tráfico de drogas. Los fondos eran posteriormente enviados al exterior a través de operaciones digitales difíciles de rastrear.
Entre los destinos identificados por las autoridades se encuentran países de la región como Venezuela, Colombia, Paraguay y México, así como también Estados Unidos, España y Argentina, lo que confirma el carácter internacional de la red.
El Tren de Aragua, que nació en las cárceles venezolanas, ha extendido su influencia hacia varios países de América Latina. En Chile, su presencia se consolidó en paralelo al aumento del flujo migratorio por pasos fronterizos no habilitados, muchos controlados por la propia organización.
Según la Fiscalía, el grupo logró establecer una base financiera y logística en Chile mediante la creación de empresas pantalla y el uso de prestanombres, sin ser detectado durante un largo período por los sistemas convencionales de fiscalización.
“La sofisticación de esta red demuestra que los mecanismos actuales de control financiero no son suficientes. Necesitamos fortalecer la coordinación entre entidades públicas y privadas”, advirtió Valencia.
En esta investigación participan de forma activa la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Policía de Investigaciones, Carabineros y organismos internacionales. Las autoridades señalaron que el rastreo de activos continúa, y que podrían producirse nuevas detenciones.
El gobierno chileno reafirmó su compromiso con el combate al crimen organizado y anunció medidas adicionales, incluyendo un refuerzo de los controles migratorios y financieros, para prevenir que organizaciones criminales de alcance internacional sigan operando en el país.
