El gobierno de Venezuela ordenó la suspensión inmediata de toda actividad vinculada al uso de drones, en una medida que rige desde el 18 de agosto y fue publicada en la Gaceta Oficial. La decisión afecta la fabricación, comercialización, importación, instrucción y cualquier operación relacionada con aeronaves no tripuladas, incluso aquellas de uso recreativo o educativo.
Según el Ministerio de Transporte, la prohibición se extenderá por 30 días, con posibilidad de prórroga. La resolución fue comunicada oficialmente este martes y otorga al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) la responsabilidad de supervisar su cumplimiento y resolver cualquier aspecto no contemplado en la normativa.
La medida surge en paralelo al anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre el despliegue de 4,5 millones de milicianos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el país. El mandatario aseguró que esta acción forma parte de un “plan de paz” orientado a fortalecer la capacidad defensiva en todo el territorio nacional.
Maduro no especificó las zonas ni los objetivos tácticos de este despliegue, pero recalcó la necesidad de que las milicias estén “preparadas, activadas y armadas” para responder ante amenazas externas e internas. Las declaraciones se producen justo después de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita su captura.
En simultáneo, Estados Unidos inició un operativo militar con el despliegue de 4.000 efectivos, en su mayoría infantes de Marina, hacia el Caribe y Latinoamérica. El objetivo oficial: combatir el narcotráfico. Esta movilización incluye destructores, submarinos nucleares, aviones de vigilancia y barcos lanzamisiles, en una clara señal de presión sobre el gobierno venezolano.
La cadena CNN fue la primera en revelar esta información, citando fuentes del Departamento de Defensa estadounidense. Posteriormente, otros medios confirmaron los movimientos militares, lo que encendió las alarmas en Caracas y elevó las tensiones diplomáticas.
Desde Venezuela, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, respondió con firmeza, asegurando que las fuerzas del país también se encuentran desplegadas en sus aguas territoriales. La postura oficial sostiene que se trata de una medida defensiva ante una amenaza creciente.
La administración estadounidense, en cambio, ha dejado en claro su postura. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que Washington está dispuesto a usar “todo su poder” para frenar el tráfico de drogas desde Venezuela hacia su territorio, señalando directamente al régimen de Maduro como parte del problema.
“Maduro no es un presidente legítimo, es un fugitivo acusado de liderar un cartel de narcotráfico”, afirmó Leavitt, en una rueda de prensa. Estas declaraciones reflejan el endurecimiento del discurso oficial de Estados Unidos, que considera a Venezuela un riesgo regional desde el punto de vista de seguridad y crimen transnacional.
El despliegue militar estadounidense ha sido respaldado por un documento del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el que se reinterpreta el rol del Ejército. El texto establece que las fuerzas armadas están facultadas para “repeler toda forma de invasión”, incluyendo migración irregular, contrabando y narcotráfico.
Para algunos analistas, la coincidencia entre la prohibición del uso de drones en Venezuela y el incremento del aparato militar estadounidense no es casual. Se trataría, sostienen, de un intento del régimen chavista por limitar cualquier capacidad de monitoreo o espionaje sobre su territorio en un contexto de máxima tensión.
