El gobierno de Bolivia formalizará una denuncia penal contra el exmandatario Evo Morales, acusándolo de siete delitos, entre ellos terrorismo, instigación a delinquir y obstrucción del proceso electoral. La decisión llega en medio de protestas y bloqueos de caminos organizados por sectores leales al ex presidente, con epicentro en Cochabamba.
El anuncio fue realizado el miércoles en conferencia de prensa por el ministro de Justicia, César Siles, acompañado por las ministras María Nela Prada (Presidencia) y Roberto Ríos (Gobierno). Según Siles, los actos de Morales y sus seguidores buscan forzar una habilitación electoral inconstitucional con medidas de presión que ponen en riesgo la estabilidad institucional del país.
“El único objetivo de Evo Morales es ser candidato, aun sabiendo que no le corresponde por mandato constitucional”, declaró Siles. Según explicó, la acción penal se enmarca en el artículo 238 de la Ley del Régimen Electoral, que sanciona con penas de dos a cinco años a quienes obstaculicen los comicios mediante actos de violencia o desorden.
La denuncia contempla además delitos graves como terrorismo, desobediencia a fallos constitucionales, atentados contra la seguridad del transporte, la libertad de trabajo y el funcionamiento de servicios públicos. Para el Ejecutivo, estas acciones forman parte de una estrategia coordinada para desestabilizar el actual proceso electoral.
Siles advirtió que el gobierno garantizará la realización de las elecciones generales del 17 de agosto “con todos los recursos necesarios” y, si la situación lo exige, recurrirá a la fuerza pública para restablecer el orden. “No permitiremos que se sabotee la democracia”, afirmó.
El Ejecutivo también solicitó al Ministerio Público una respuesta “rápida y contundente” frente a la denuncia penal, así como frente a otras causas pendientes en contra de Morales. La querella será formalizada este jueves y se sumará a otras investigaciones abiertas.
Desde el lunes, diversos grupos afines al ex presidente mantienen puntos de bloqueo en vías estratégicas del país. Las manifestaciones han generado cortes de ruta y tensión social, especialmente en la región de Cochabamba, bastión político del evismo.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, fue más enfático en sus declaraciones: acusó a Morales de intentar “tumbar al gobierno democráticamente elegido” y buscar anular las elecciones para forzar un nuevo proceso que le permita volver al poder. “Sabe perfectamente que no puede postularse, por eso recurre a la confrontación”, dijo.
Morales respondió mediante un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), donde rechazó las acusaciones y denunció una supuesta persecución judicial. “El pueblo se levanta por la crisis, el hambre y la injusticia. Este gobierno crea falsos testigos y monta casos”, escribió.
El ex jefe de Estado gobernó entre 2006 y 2019, y desde su renuncia vive una relación tensa con el oficialismo, hoy liderado por su antiguo aliado Luis Arce. Su actual intento de postularse choca con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que reafirmó que la reelección solo puede ejercerse una vez de forma continua.
Además, Morales pretende inscribirse como candidato a través de un partido no registrado ante el Tribunal Supremo Electoral, lo que complica aún más su aspiración. Pese a ello, sus seguidores insisten en que su exclusión del proceso es una maniobra política para impedir su regreso.
