El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 4 de junio de 2025 una nueva orden ejecutiva que impone restricciones migratorias más severas, afectando a ciudadanos de 12 países y aumentando las restricciones para 7 más. La medida, que entrará en vigor el 9 de junio, busca reforzar la seguridad nacional y prevenir la entrada de posibles amenazas.
Los países sujetos a una prohibición total de entrada son Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Esta decisión se basa en la Orden Ejecutiva 14161, emitida el 20 de enero de 2025, titulada “Protegiendo a Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública”.
Además, se han impuesto restricciones parciales a los ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Estas restricciones incluyen limitaciones en la emisión de visas de inmigrante y no inmigrante, así como requisitos adicionales de seguridad y documentación.
La Casa Blanca justificó estas medidas citando preocupaciones de seguridad nacional y la necesidad de prevenir la entrada de “terroristas extranjeros”. El presidente Trump mencionó un reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, como un recordatorio de los peligros asociados con la entrada de extranjeros no debidamente investigados.
La administración Trump también destacó la falta de cooperación de algunos países en la repatriación de sus nacionales y en la provisión de información de seguridad, lo que dificulta los esfuerzos para garantizar la seguridad pública.
Esta nueva orden ejecutiva ha generado reacciones mixtas tanto a nivel nacional como internacional. Grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el impacto de estas restricciones en las personas afectadas, mientras que algunos legisladores han cuestionado la legalidad y la eficacia de estas medidas.
Se espera que esta medida enfrente desafíos legales, similares a los que se presentaron durante la administración anterior en relación con restricciones migratorias. El gobierno ha afirmado que está preparado para defender la constitucionalidad de la orden ejecutiva en los tribunales.
La administración también ha señalado que las restricciones se mantendrán hasta que los países afectados demuestren mejoras sustanciales en sus procesos de verificación y cooperación con las autoridades estadounidenses.
