El Congreso de Argentina aprobó este miércoles una serie de medidas en favor de los jubilados, que incluyen un aumento del 7,2 % en todas las pensiones, la suba del bono previsional a $110.000 y la extensión de la moratoria que permite regularizar aportes para acceder a la jubilación mínima.
La iniciativa, respaldada por una amplia mayoría de 142 diputados de bloques opositores —entre ellos peronistas, socialistas, centristas e izquierdistas—, fue votada en contra por 67 legisladores alineados con el oficialismo, incluyendo La Libertad Avanza, el PRO y otros aliados del presidente Javier Milei. Hubo además 19 abstenciones.
A pesar del respaldo parlamentario, el oficialismo no tardó en anunciar su rechazo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el Ejecutivo vetará la norma bajo el argumento de que compromete la política de equilibrio fiscal que impulsa el presidente Milei desde su llegada al poder.
Las modificaciones aprobadas por la Cámara Baja abarcan a todos los jubilados del régimen general. Quedan excluidos de esta actualización los regímenes especiales. De promulgarse, el incremento regirá sobre el haber mensual y complementará el sistema de movilidad vigente.
Además del aumento directo, el bono extraordinario mensual —una herramienta clave para complementar los ingresos de quienes perciben la mínima— pasará de $70.000 a $110.000. La medida apunta a compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación acumulada en los últimos meses.
Uno de los puntos destacados del proyecto es la prórroga de la moratoria previsional, que permite a personas sin 30 años de aportes adquirir los períodos faltantes. Este mecanismo resulta vital para miles de adultos mayores que, de otro modo, quedarían excluidos del sistema formal de jubilación.
La sesión coincidió con una nueva manifestación frente al Congreso encabezada por jubilados, como ocurre cada semana. Esta vez, las columnas estuvieron reforzadas por sindicatos, organizaciones feministas, trabajadores de la salud, estudiantes e investigadores que también protestaban contra el ajuste general del Gobierno.
Los manifestantes denunciaron que las políticas económicas del oficialismo están dejando en situación de vulnerabilidad a millones de argentinos, particularmente a los adultos mayores que dependen casi exclusivamente de los haberes estatales para subsistir.
El Gobierno, por su parte, defiende su postura afirmando que cualquier aumento por fuera del esquema previsto en la Ley de Movilidad implica un gasto que el Estado no puede sostener sin comprometer la meta de déficit cero. La advertencia del veto forma parte de esa estrategia.
La decisión del Congreso refleja la creciente presión social y política para mejorar los ingresos de los jubilados, uno de los sectores más golpeados por la inflación y el ajuste. Sin embargo, abre un nuevo capítulo de confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Desde sectores opositores se acusó al oficialismo de desatender la crisis social y de “castigar a los más débiles” bajo el argumento de la disciplina fiscal. En tanto, el oficialismo sostiene que se trata de una medida irresponsable y fiscalmente inviable.
El futuro de la ley dependerá ahora de la decisión del presidente Javier Milei. De ejercer su facultad de veto, deberá asumir el costo político de frenar una medida con amplio respaldo social y parlamentario, en un contexto económico todavía incierto.
