El Ejecutivo de Ecuador presentó este martes una nueva Tasa de Fiscalización Minera que, según cálculos oficiales, permitirá una recaudación anual cercana a los 229 millones de dólares. Esta medida busca fortalecer la vigilancia técnica y ambiental en el sector minero, promoviendo mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
La portavoz gubernamental, Carolina Jaramillo, informó en rueda de prensa que la tasa aplicará a todos los regímenes mineros, salvo la minería artesanal, y entrará en vigor próximamente. Los fondos obtenidos estarán destinados exclusivamente a labores de fiscalización y control ambiental, un área crítica en el debate sobre sostenibilidad y desarrollo económico.
Junto con la tasa, el Gobierno anunció la reapertura progresiva del Catastro Minero, cerrado desde 2018, para registrar nuevos proyectos de pequeña y gran minería.La reapertura comenzará en junio con la inscripción para la pequeña minería no metálica, seguirá en septiembre con la minería metálica y se espera que finalice antes de fin de año.
Esta decisión ha sido ampliamente demandada por el sector privado minero, que ha criticado la paralización en la concesión de títulos como un freno a las inversiones y generación de empleo.
Con estas acciones, el gobierno de Daniel Noboa busca reactivar el sector extractivo, vital para los ingresos fiscales y las divisas del país. El paquete incluye además auditorías profundas a empresas públicas clave, como Petroecuador y CELEC, con el objetivo declarado de eliminar prácticas corruptas y mejorar su competitividad.
En materia eléctrica, se anunció un ajuste tarifario para consumidores industriales y comerciales, que refleja el costo real del servicio, sin afectar sectores vulnerables ni hogares residenciales. Asimismo, se eliminó el subsidio al diésel para el sector atunero industrial, cuya carga fiscal alcanzó 42 millones de dólares en 2024, enfocando apoyos hacia pescadores artesanales. Para mitigar el impacto en las grandes atuneras, el Banco del Pacífico ofrecerá líneas de crédito respaldadas por el Estado con condiciones preferenciales.
