Este martes, Bolivia registró al menos diez bloqueos en distintas rutas, la mayoría concentrados en Cochabamba, uno de los departamentos más afectados que quedó prácticamente aislado del resto del país, según medios locales. Las protestas fueron convocadas por seguidores del expresidente Evo Morales, quienes piden la inscripción del líder cocalero en las elecciones presidenciales del 17 de agosto.
Morales, impedido legalmente para participar, enfrenta una prohibición judicial basada en la limitación de mandatos presidenciales. Sin embargo, sus partidarios han intensificado la presión, amenazando incluso con acciones legales contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) si no aceptan su candidatura.
La Policía intervino temprano en un bloqueo ubicado en la carretera que conecta Cochabamba con el occidente, cerca de Sipe Sipe. Según reportes oficiales, no se registraron enfrentamientos ni heridos durante el operativo.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, calificó las protestas como un intento de “boicot” contra el proceso electoral. Además, advirtió que los bloqueos dificultan el abastecimiento de alimentos y agravan la escasez de combustible, al impedir el paso de cisternas por las rutas bloqueadas.
“¿Se puede llamar a esto un bloqueo para mejorar la situación?”, cuestionó el funcionario en una conferencia de prensa, señalando que la acción perjudica a toda la población en un contexto ya marcado por dificultades económicas.
Por su parte, el entorno de Morales ha cerrado filas en respaldo al expresidente. El diputado Santos Mamani declaró que “sin Evo, no hay democracia” ni elecciones en Bolivia, advirtiendo de posibles demandas penales contra el TSE.
Las tensiones políticas se agravan en un escenario complejo, donde Morales, tras perder el control del Movimiento Al Socialismo (MAS) frente al actual presidente Luis Arce, apostó por una alianza con el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan Bol) para intentar disputar la Presidencia.
El partido Pan Bol estaba inicialmente inhabilitado para participar por la pérdida de su personería jurídica, pero un fallo judicial reciente revirtió esta situación, lo que desató la ola de protestas pro-Morales, que denuncian una supuesta interferencia judicial en el proceso electoral.
A la demanda por la inscripción de Morales se suman protestas más amplias contra la crisis económica que atraviesa Bolivia. Sectores diversos exigen la renuncia del presidente Arce, señalando la falta de dólares, la escasez de combustible y el aumento sostenido de los precios de los alimentos básicos.
En Cochabamba, manifestantes coreaban consignas como “El pueblo boliviano se muere de hambre” y “Arce inútil”, mientras mostraban cacerolas vacías y productos de primera necesidad como símbolos de la crisis alimentaria que afecta a amplios sectores.
El contexto económico y político se vuelve cada vez más tenso, con un calendario electoral que corre y un país dividido entre las demandas de un grupo que insiste en modificar las reglas para que Morales vuelva a postularse y una mayoría que defiende el respeto a las leyes vigentes.
El gobierno enfatiza la necesidad de garantizar elecciones limpias y sin obstáculos, mientras el expresidente y su base política sostienen que sin su participación no habrá un proceso democrático válido.
