En la región fronteriza de Colchane, al norte de Chile, el Gobierno ha modificado de forma sustancial su enfoque frente a la migración irregular, centrándose ahora en el control y la reconducción de personas hacia Bolivia. En los últimos seis meses, las autoridades han clausurado dos centros de acogida clave y restringido los servicios de atención para extranjeros que cruzan por pasos no habilitados.
La medida responde a un nuevo protocolo binacional con Bolivia, que permite por primera vez devolver a migrantes que ingresan de forma irregular, lo que representa un cambio de paradigma en la gestión fronteriza.
Roberto, un joven venezolano de 25 años, cruzó el desierto de madrugada sin agua ni alimentos. “No se lo recomiendo a nadie, menos con niños”, relató desde el nuevo Centro Migratorio Irregular que sustituye a los antiguos dispositivos de acogida.
Historias como la de Indiana García, también venezolana, reflejan la dureza del trayecto: “Con mi bebé en brazos, el frío y la altura me dejaban sin aire. Fue una experiencia aterradora”.
La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, admite que la frontera es vulnerable debido a su extensión y condiciones extremas. A diario, entre 30 y 40 personas cruzan guiadas por traficantes conocidos como ‘coyotes’.
En 2023, el Servicio Nacional de Migraciones reportó casi 338 mil personas en situación irregular, frente a las 10 mil de 2018. Este incremento ha presionado al Estado a modificar su estrategia.
Durante el gobierno de Gabriel Boric, se han destinado 16 millones de dólares al refuerzo de la frontera norte. Este giro responde a la necesidad de contener el ingreso irregular y evitar un nuevo colapso humanitario.
La delegada presidencial Ivonne Donoso afirma que la atención ahora es “más acotada y eficiente” y busca evitar una dependencia prolongada de los servicios públicos por parte de los migrantes.
Sin embargo, distintas organizaciones advierten que el Estado ha retrocedido en su rol de protección. Para Anuar Quesille, defensor de la Niñez, Colchane pasó de ser un centro de acogida a una “sala de espera sin condiciones”.
Activistas temen que la reconducción genere un “efecto boomerang”, en el que las personas intenten reingresar repetidamente, aumentando los riesgos y tensiones en la frontera.
Karina Fauste, de la Fundación Madre Josefa, señala que cerrar los centros obliga a los migrantes a optar por rutas más peligrosas, expuestos a la trata, el tráfico de personas y otras formas de violencia.
Ante este escenario, diversas ONG han desplegado respuestas alternativas, como asistencia humanitaria, alojamiento temporal y apoyo en salud y educación para las familias migrantes.
“La acogida no es un lujo, sino un componente esencial para garantizar que los migrantes puedan reorientar sus vidas de manera segura y digna”, concluye Fauste.
