El Gobierno de Bolivia advirtió este jueves ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que las condiciones actuales podrían comprometer la realización pacífica de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto. Los comicios coinciden con el Bicentenario de la independencia nacional, lo que otorga al proceso un peso simbólico particular.
Durante su intervención en la Asamblea General del organismo regional, la canciller Celinda Sosa expresó con preocupación que Bolivia “atraviesa un momento difícil”, y que los recientes episodios de violencia social podrían afectar gravemente el desarrollo de la jornada electoral. “Está en riesgo el derecho soberano del pueblo a decidir su destino en paz”, afirmó.
La funcionaria apuntó directamente al conflicto interno que divide al oficialismo como una de las causas principales de la crisis. Desde la ruptura política entre el presidente Luis Arce y su antecesor Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) ha entrado en una espiral de confrontación que se ha trasladado a las calles.
En las últimas semanas, grupos afines a Morales mantuvieron bloqueos de carreteras en varias regiones del país durante más de 15 días, exigiendo la restitución de su candidatura presidencial. La protesta se activó tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ratificó la inhabilitación del exmandatario, al establecer que la reelección solo puede ser ejercida de forma continua una vez.
Las acciones del gobierno para despejar las rutas derivaron en enfrentamientos que dejaron víctimas fatales. En el departamento de Potosí, tres policías perdieron la vida por disparos durante los operativos de control. En Cochabamba, otro agente falleció tras ser capturado por manifestantes. También se reportaron dos muertes civiles: un simpatizante de Morales que habría manipulado un explosivo y un joven linchado bajo acusaciones de ser informante policial.
El Ejecutivo boliviano respondió a estos hechos con una denuncia penal contra Evo Morales, acusándolo de ocho delitos, entre ellos terrorismo, instigación pública a delinquir y obstrucción del proceso electoral. La medida ha sido interpretada como un intento por contener la presión interna, aunque también ha elevado la temperatura del clima político.
Para las autoridades del país, garantizar la realización plena y democrática del proceso electoral es “fundamental” no solo por su coincidencia histórica con el Bicentenario, sino también por su relevancia institucional. La canciller Sosa subrayó ante la OEA que “el pueblo boliviano tiene derecho a votar de forma libre, directa y soberana”.
En ese marco, el Gobierno solicitó formalmente el envío de una misión de observación electoral de la OEA para los comicios de agosto. La solicitud está marcada por el recuerdo de las elecciones de 2019, cuando una auditoría del organismo regional denunció irregularidades que derivaron en la renuncia de Morales, quien alegó entonces haber sido víctima de un golpe de Estado.
La canciller también abordó otros temas durante su discurso. Reiteró la postura histórica de Bolivia en contra del embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba, al que calificó como “injusto e inhumano”. Asimismo, expresó su solidaridad con el pueblo palestino y exigió respeto a su derecho a vivir en paz y en su propio territorio.
Otro punto planteado fue la centenaria demanda boliviana por una salida soberana al océano Pacífico, una aspiración que permanece vigente desde la pérdida del litoral ante Chile en la Guerra del Pacífico, a fines del siglo XIX. Sosa reafirmó que esta sigue siendo una prioridad en la política exterior del país.
