La Fiscalía de Francia pidió penas que van desde tres hasta doce meses de prisión —en su mayoría exentos de cumplimiento— para nueve acusados de participar en una campaña de ciberacoso contra Brigitte Macron, esposa del presidente Emmanuel Macron.
El proceso judicial, que se desarrolla en el Tribunal Correccional de París, gira en torno a la propagación de rumores sobre la identidad de género de la primera dama, una versión falsa que se viralizó en redes sociales y derivó en una denuncia penal presentada en agosto de 2024.
Entre las sanciones solicitadas, la Fiscalía reclamó un año de prisión y una multa de 8.000 euros para Aurélien Poirson-Atlan, conocido en internet bajo el seudónimo “Zoé Sagan”, identificado como uno de los principales promotores de la campaña.
Además, el Ministerio Público pidió la suspensión de sus cuentas digitales por seis meses, al considerar que las mismas fueron utilizadas para amplificar la desinformación.
Otros dos acusados, Bertrand S., galerista, y Delphine J., conocida como “Amandine Roy”, enfrentan pedidos de seis meses de cárcel exentos de cumplimiento y multas de 3.000 y 4.000 euros, respectivamente. Ambos también podrían ver suspendidos sus perfiles en redes sociales durante medio año.
La investigación policial determinó que los acusados desempeñaron distintos grados de participación, desde la creación de contenido hasta la multiplicación de publicaciones que reforzaban la narrativa falsa.
En el marco del juicio, Tiphaine Auzière, hija menor de Brigitte Macron y abogada de profesión, declaró que la situación afectó la salud de su madre y alteró el entorno familiar, al exponerla a un acoso prolongado y sistemático en internet.
Las defensas argumentaron que los hechos se enmarcan dentro del derecho a la sátira y la libertad de expresión, haciendo alusión a precedentes como el de la revista Charlie Hebdo, aunque la Fiscalía sostuvo que en este caso existió una intención deliberada de dañar la reputación de la primera dama.
Durante las audiencias, los jueces revisaron videos y entrevistas difundidas en plataformas como YouTube, en los que se repetían afirmaciones sin sustento sobre Brigitte Macron. Uno de esos materiales ya había sido objeto de un proceso por difamación que fue revertido en apelación.
Según la cadena France 24, los contenidos alcanzaron gran viralidad no solo en Francia sino también en comunidades francófonas del extranjero, lo que incrementó el daño reputacional y motivó la acción judicial.
El tribunal calificó a los acusados como instigadores y amplificadores dentro de la red de desinformación digital, un esquema que fue trazado mediante peritajes informáticos y análisis de la secuencia de viralización.
La sentencia definitiva será emitida en las próximas semanas. El caso, que combina acoso en línea, discurso de odio y manipulación mediática, reaviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión en tiempos de redes sociales y sobre el impacto humano que puede generar la desinformación digital.
