La Fiscalía Departamental de Tarija presentó este martes la acusación formal contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, por el presunto delito de trata agravada de personas. La decisión marca un punto clave en un proceso judicial que ha generado gran controversia política y mediática en el país.
La fiscal Sandra Gutiérrez informó que la acusación se sustenta en una revisión “minuciosa” de los informes y elementos probatorios recopilados durante la etapa preparatoria del caso, iniciado hace poco más de un año.
“Concluimos la fase investigativa y hemos presentado la acusación formal. Ahora resta que el juez del proceso remita la causa al tribunal correspondiente para fijar fecha y hora del juicio oral”, explicó Gutiérrez en conferencia de prensa.
Según el Ministerio Público, las investigaciones se centraron en presuntas conductas cometidas por Morales durante su gestión presidencial, en el marco de una denuncia que lo vincula con una menor de edad en el año 2016.
En octubre de 2024, la fiscal Gutiérrez había emitido una orden de aprehensión en su contra, refrendada posteriormente por un juzgado de Tarija. El exmandatario, sin embargo, no se presentó a las audiencias convocadas, alegando motivos de salud.
Tras su incomparecencia en dos oportunidades, un tribunal declaró a Morales en rebeldía a inicios de este año, habilitando la posibilidad de su enjuiciamiento en ausencia. La acusación formal presentada ahora confirma que la causa avanzará hacia esa instancia.
El caso, que comenzó a finales de septiembre de 2023, ha despertado tensiones entre el oficialismo y sectores de oposición. Los seguidores de Morales califican el proceso como una “persecución política”, mientras que la Fiscalía sostiene que actúa conforme a derecho.
Durante los últimos meses, simpatizantes del expresidente bloquearon rutas en distintos puntos del país para impedir su detención, generando incidentes y afectando el transporte en regiones del sur y centro de Bolivia.
Morales, por su parte, ha permanecido recluido en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, desde octubre de 2024. En la zona, se encuentra resguardado por grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), que lo consideran víctima de un intento de desestabilización.
El exmandatario aún no se ha pronunciado públicamente sobre la acusación formal, aunque su entorno político sostiene que se trata de un intento de excluirlo de la escena electoral de cara a los próximos comicios.
La Fiscalía, en cambio, asegura que el proceso se ha llevado con independencia y apego a los plazos procesales. “Ninguna figura pública está por encima de la ley”, recalcó Gutiérrez.
Fuente: Efe Noticias
