El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto este martes por el Tribunal Superior de Bogotá en el proceso que lo señalaba por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La decisión llega tras la apelación presentada por su defensa, que buscaba revertir la condena de 12 años de prisión dictada en agosto pasado por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
El magistrado Manuel Antonio Merchán, al leer el fallo, indicó que no se acreditó “de manera directa o indirecta” la responsabilidad de Uribe en la instigación del delito de soborno.
En ese sentido, la Sala resolvió revocar la condena impuesta al exmandatario, argumentando que no existían elementos suficientes para sostener la figura penal aplicada en la primera instancia.
El fallo responde al proceso que investiga las presuntas presiones a los testigos Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés. El Tribunal aún debe pronunciarse sobre el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
Monsalve, detenido actualmente, había acusado al expresidente de haber promovido la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de intentar manipular su testimonio a través de un abogado cercano.
Según el Tribunal, la condena previa incurrió en una incorrecta aplicación del concepto jurídico de “dolo eventual”, al sostener que Uribe podría haber previsto el resultado de las acciones de terceros sin haberlas dirigido directamente.
El magistrado Merchán enfatizó que, para configurar el delito de determinación penal, es necesario el “dolo directo”, es decir, la intención concreta de cometer o inducir al delito, lo cual no pudo ser comprobado.
La resolución representa un giro importante en un proceso judicial que ha mantenido dividida a la opinión pública colombiana y que involucra a uno de los líderes políticos más influyentes del país.
Uribe, fundador del partido Centro Democrático, había sido el primer expresidente colombiano condenado penalmente en la historia reciente, lo que generó repercusiones políticas y mediáticas de alcance nacional.
El origen del caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, pero la Corte Suprema de Justicia decidió investigar al propio expresidente al detectar indicios de obstrucción judicial.
Tras años de investigaciones, audiencias y recursos, el fallo del Tribunal Superior marca un nuevo capítulo en el prolongado proceso judicial de Uribe, que seguirá bajo revisión hasta que la sentencia quede firme.
