El Ministerio Público de Guatemala, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, llevó a cabo este martes un allanamiento en una de las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), organismo que organizó las elecciones generales de 2023 en las que fue electo el actual presidente, Bernardo Arévalo.
Según informó el vocero del Ministerio Público, Moisés Ortiz, la diligencia tuvo lugar específicamente en la Dirección de Recursos Humanos del TSE. Como parte de la operación, se ordenó la detención de Angelita Martínez, jefa de archivo de la entidad y figura sindical reconocida dentro del tribunal.
La noticia fue confirmada por el propio Ministerio Público, que mantiene abiertas varias investigaciones sobre el desarrollo y resultados del proceso electoral del año pasado. Estas indagaciones han generado preocupación tanto dentro como fuera del país por su posible impacto sobre la institucionalidad democrática.
Martínez, detenida durante el operativo y escoltada por agentes de seguridad hasta los tribunales, calificó su arresto como un acto de “represalia”. Según sus declaraciones, en un primer momento había colaborado con la Fiscalía como testigo protegido, tras denunciar un supuesto fraude electoral, pero posteriormente decidió dejar de colaborar debido a amenazas de muerte.
“Mi detención es una represalia porque ya no seguí con las denuncias”, afirmó la funcionaria ante medios locales. La situación cobra especial relevancia debido a que Martínez ya había expresado su desacuerdo con la forma en que el Ministerio Público conducía las investigaciones.
La Fiscalía, dirigida por la cuestionada fiscal general Consuelo Porras, ha sido blanco de numerosas críticas nacionales e internacionales. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido sobre una presunta criminalización de actores clave del sistema de justicia guatemalteco.
Las redadas en el TSE no son nuevas. Desde las elecciones de 2023, el Ministerio Público ha intervenido en distintas áreas del tribunal, en una serie de acciones que, según diversos analistas, buscan socavar la independencia electoral y debilitar la legitimidad del actual Gobierno.
Estas tensiones llegaron a su punto más crítico en enero de 2024, cuando las investigaciones lideradas por la Fiscalía pusieron en riesgo la investidura de Bernardo Arévalo. Incluso, hubo denuncias sobre un posible intento de impedir su toma de posesión mediante acciones judiciales y administrativas.
En respuesta a lo que considera una ofensiva contra el orden democrático, Arévalo presentó una denuncia formal en mayo ante una relatora especial de Naciones Unidas. En el documento, expresó su preocupación por la cooptación institucional y los obstáculos para ejercer una justicia independiente.
El presidente sostuvo que “la existencia de espacios de corrupción e impunidad” está minando la democracia en Guatemala y denunció que fiscales y jueces independientes enfrentan persecuciones desde el propio Ministerio Público.
La relatora de la ONU, por su parte, se comprometió a examinar el caso guatemalteco y a evaluar si el país está cumpliendo con los estándares internacionales en materia de independencia judicial, imparcialidad del Ministerio Público y garantías para la abogacía.
Mientras tanto, la detención de Martínez reaviva las alarmas sobre el uso del aparato judicial como herramienta de persecución política. Aunque el Ministerio Público insiste en la legalidad de sus actuaciones, la falta de transparencia y la recurrencia de estos operativos alimentan el escepticismo tanto dentro del país como en la comunidad internacional.
