El Gobierno de Ecuador dio un paso institucional significativo al instalar el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta acción responde a la creciente preocupación por la presencia de menores en estructuras delictivas organizadas.
La primera sesión del comité tuvo lugar en Quito, con la participación de 16 entidades del Estado. Fue encabezada por la vicepresidenta María José Pinto y el ministro del Interior, John Reimberg, quienes destacaron la urgencia de una respuesta coordinada para proteger a la población infantil.
Durante la jornada, se presentó y aprobó la estrategia que marcará el inicio del trabajo interinstitucional. El comité tiene ahora un plazo de 30 días para definir un plan de acción que permita implementar políticas públicas eficaces contra el reclutamiento forzado de menores por bandas criminales.
Reimberg, quien también preside este organismo, afirmó que existe un fuerte compromiso de los ministerios involucrados. “Estamos articulados y comprometidos en esta lucha. Esta instancia representa un respaldo fundamental para avanzar en soluciones concretas”, declaró.
La creación del comité tiene su base legal en el Decreto Ejecutivo N.º 21, firmado el pasado 5 de junio por el presidente Daniel Noboa. Mediante este decreto, el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales fue declarado una prioridad nacional, habilitando así la conformación del comité como ente articulador de políticas.
En la sesión inaugural se designaron también a los miembros del subcomité, quienes tendrán la responsabilidad de ejecutar acciones de forma continua. Estos representantes provienen de sectores clave como Educación, Salud, Inclusión Económica y Social, Finanzas, Defensa, Mujer, Cultura, Deportes y Cancillería.
Aunque el boletín oficial no ofrece cifras concretas sobre el fenómeno ni señala regiones específicas afectadas, el Gobierno dejó en claro que el reclutamiento de menores para tareas como transporte de drogas, vigilancia y sicariato es una práctica extendida en zonas controladas por el crimen organizado.
La estrategia recién aprobada se perfila como un marco general. El plan operativo específico deberá estar listo en los próximos 30 días. Aunque se espera que contenga medidas concretas, hasta ahora no se han adelantado detalles sobre su contenido técnico ni sobre mecanismos de seguimiento y evaluación.
Otro aspecto pendiente es el rol que jugarán actores no gubernamentales. El comunicado no especifica si el plan incluirá la participación de la sociedad civil, organismos internacionales o entidades defensoras de los derechos de la infancia, cuya inclusión podría ser clave para asegurar legitimidad y eficacia.
Desde el Ejecutivo se ha asumido una postura firme frente al crimen organizado, abordando una de sus consecuencias más sensibles: la instrumentalización de menores de edad. El impacto emocional, social y legal de esta práctica justifica la urgencia y profundidad del enfoque adoptado.
