La Fiscalía General de la República acusó formalmente este lunes al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, por presunta participación en un esquema ilegal de financiamiento político durante su campaña electoral de 2022. Junto a él, figuran como imputados el vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Arnoldo André y cuatro legisladores del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
La acusación, presentada ante la Corte Suprema de Justicia, incluye una solicitud para levantar el fuero constitucional que protege al presidente y a los demás funcionarios señalados, paso necesario para que puedan ser juzgados en un tribunal penal. De prosperar, sería el primer proceso judicial de este tipo contra un presidente costarricense en funciones por delitos vinculados al financiamiento de su campaña.
Según el Ministerio Público, durante la carrera electoral que llevó a Chaves al poder se utilizaron estructuras financieras paralelas que operaron fuera del marco legal. Se menciona un fideicomiso privado y el uso de cuentas bancarias personales, incluido el caso de una mujer de apellido Agüero, implicada también en un proceso penal independiente.
La fiscalía sostiene que estos mecanismos de financiamiento fueron deliberadamente ocultados al control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a la tesorería del PPSD, en abierta violación del Código Electoral. Los fiscales acusan a los imputados de vulnerar principios fundamentales como la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en materia electoral.
El caso se produce en un ambiente político ya marcado por fricciones entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado. Desde que asumió la presidencia, Chaves ha mantenido un tono confrontativo hacia la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema e incluso el Ministerio Público, a quienes ha acusado de obstaculizar su programa de reformas.
Las tensiones institucionales se han intensificado en los últimos meses, con advertencias de distintos sectores políticos y judiciales sobre presuntas actitudes autoritarias por parte del Ejecutivo. Mientras tanto, el presidente ha reforzado su discurso en torno a la lucha contra lo que denomina “los poderes tradicionales” y “las élites del pasado”.
Esta no es la primera vez que Chaves enfrenta una acusación formal. En abril de este año, la fiscalía presentó otra causa ante la Corte por supuesto abuso de poder, tras presuntamente beneficiar a un excolaborador mediante recursos provenientes de un contrato financiado con fondos internacionales. Esa causa aún está pendiente de resolución.
La nueva acusación podría derivar en penas de entre dos y cuatro años de prisión, aunque todo dependerá de si la Corte Suprema admite la causa y solicita a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional de los imputados. Esta última instancia deberá aprobar la solicitud por mayoría calificada, un proceso que podría tensar aún más el clima político.
Hasta el momento, ni el presidente ni Casa Presidencial han emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones. Rodrigo Chaves, de 64 años, es economista y exfuncionario del Banco Mundial. Fue elegido bajo una plataforma de ruptura con los partidos tradicionales, y no puede optar a la reelección presidencial en 2026.
A pesar de ello, ha insinuado públicamente la posibilidad de postularse como diputado en las próximas elecciones. Mientras tanto, su equipo político trabaja para alcanzar una mayoría legislativa en 2026, con el objetivo declarado de “acelerar las reformas” impulsadas durante su mandato.
Las elecciones generales en Costa Rica están previstas para febrero de 2026. La acusación contra Chaves y su círculo más cercano podría convertirse en un factor clave del escenario electoral, tanto para sus adversarios como para su propio movimiento político.
