El gobierno de Uruguay se vio obligado a reaccionar este lunes con urgencia ante una realidad innegable: las muertes de personas en situación de calle no dan tregua y el frío polar recién comienza. Tras una semana marcada por fallecimientos evitables, el Poder Ejecutivo resolvió declarar una alerta roja por temperaturas extremas, medida que habilita la evacuación forzada de quienes duermen a la intemperie.
La decisión fue tomada tras una reunión de varios ministros en Torre Ejecutiva, ante el agravamiento de las condiciones climáticas. La alerta, vigente desde el lunes a las 18:00 y evaluada diariamente, establece un marco legal para que ninguna persona duerma en la calle, y autoriza la evacuación obligatoria de personas y animales vulnerables, según explicó Leandro Palomeque, director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
A los refugios ya existentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el gobierno sumó tres centros de evacuación temporales: el gimnasio de la Escuela Nacional de Policía, otro ubicado en una plaza de deportes y un centro del Ejército. Aunque la alerta implica medidas excepcionales, no afecta la continuidad de clases ni otras actividades cotidianas.
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, anunció que su cartera ha incorporado 32 nuevos refugios y ampliado la capacidad total a más de 1.000 cupos. Además, se reforzó la modalidad de captación callejera con equipos en duplas, que recorren el territorio para convencer a quienes aún se resisten a ingresar a un refugio.
Sin embargo, las acciones del gobierno no escaparon a la crítica política. Desde la oposición, el senador del Partido Nacional Javier García calificó la reacción como “tardía” y apuntó directamente al presidente Yamandú Orsi. “El gobierno debe hacerse cargo por lo que hizo y por lo que no hizo”, expresó en la red social X, en un mensaje que cuestionó la falta de previsión ante muertes que consideró evitables.
Los cuestionamientos se intensificaron luego de que se confirmaron siete muertes vinculadas a la situación de calle desde fines de mayo. La primera fue en Rivera, por tuberculosis no tratada. Las demás ocurrieron en Montevideo, Salto, Artigas y Treinta y Tres, en condiciones de extrema vulnerabilidad y en varios casos, con antecedentes de contacto con servicios del Estado.
Una de las muertes más impactantes fue la de un hombre de 48 años en silla de ruedas, hallado sin vida en la Estación Goes de Montevideo. Según el Mides, había accedido varias veces a los refugios, pero también había optado por no permanecer en ellos. Civila informó del caso directamente al presidente Orsi, quien describió el episodio como “la noticia más dura” recibida en sus primeros 100 días de gobierno.
Otra víctima fue un hombre asmático de 56 años, fallecido en una plaza del barrio Buceo. Había sido hospitalizado por problemas respiratorios, pero se retiró sin alta médica. En Artigas, una persona murió dentro de un refugio, lo que abrió una investigación sobre el alta médica otorgada días antes por el hospital departamental.
El drama no se detuvo con el cambio de estación. El domingo, un hombre fue hallado sin vida en una carpa junto al Río Uruguay, en el departamento de Salto. Un día después, se registró otro caso fatal en Treinta y Tres, donde un hombre de 43 años dormía en una carpa en el Parque del Río Olimar. Ambos habían rechazado ser trasladados a refugios.
Frente a esta situación, el Parlamento convocará al ministro Civil para que explique en detalle el plan del Ejecutivo para contener la crisis humanitaria. La comparecencia fue solicitada tanto por partidos de oposición como por sectores del oficialismo preocupados por la falta de respuesta estructural a una problemática crónica.
Aunque el gobierno destaca la expansión de cupos y centros de atención, la realidad de quienes viven en la calle —marcada por problemas de salud mental, adicciones o desconfianza hacia el sistema— muestra que las soluciones requieren algo más que camas disponibles. Las muertes ocurridas antes del comienzo oficial del invierno así lo evidencian.
La alerta roja marca un punto de inflexión en la estrategia oficial, pero también obliga a revisar las políticas públicas a largo plazo. La existencia de infraestructura no garantiza la protección si no se logra establecer vínculos de confianza con las personas afectadas. Y como quedó demostrado, para algunos, ese vínculo llegó demasiado tarde.
