La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, desmintió las acusaciones de acoso político lanzadas por la presidenta Dina Boluarte. Según Espinoza, la mandataria enfrenta un total de 34 denuncias presentadas por ciudadanos peruanos, pero aclaró que no todas están siendo investigadas de manera profunda. “No se le está llamando a declarar por los 34 casos, solo en aquellos donde es estrictamente necesario un esclarecimiento”, precisó la fiscal.
El caso más destacado en el que se requiere la declaración de Boluarte es el de “El Cofre”, relacionado con presuntos actos de enriquecimiento ilícito, y las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales que marcaron el periodo de su gobierno. Espinoza detalló que, en otros casos, la investigación avanza mediante la recopilación de documentos, testimonios y pericias, sin que se requiera la intervención directa de la presidenta.
En su intervención, la fiscal subrayó que las investigaciones que se llevan a cabo no deben ser interpretadas como un ataque político. Según Espinoza, su labor está guiada por el cumplimiento de su deber constitucional, que implica investigar los posibles delitos cometidos por altos funcionarios del Estado, incluyendo a la presidenta. “Lo que estamos haciendo no es perseguir nombres ni partidos, sino cumplir con el debido proceso para garantizar justicia”, afirmó.
La fiscal también se pronunció sobre las acusaciones realizadas por Boluarte, quien en varias ocasiones ha señalado que la Fiscalía estaría promoviendo un “golpe de Estado blando” en su contra. Espinoza rechazó enérgicamente esa acusación, aclarando que la Fiscalía está actuando dentro del marco de la Ley y que sus acciones no tienen como objetivo desestabilizar al gobierno.
“Estamos cumpliendo con un proceso legal y transparente, y no entendemos cómo se podría interpretar esto como un golpe de Estado en este contexto”, explicó Espinoza. La fiscal, además, se mostró firme en que el Ministerio Público no está vinculado a intereses políticos ni personales, y que su trabajo se basa exclusivamente en la investigación de delitos.
El debate se intensificó cuando Boluarte, horas después del allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, acusó a la Fiscalía y a algunos sectores de la prensa de ser cómplices de un supuesto golpe de Estado. Durante una sesión pública junto a su gabinete, la presidenta afirmó que los intentos de desestabilizar su gobierno provenían ahora de entidades como el Ministerio Público, en lugar de los tradicionales actores militares.
Además de rechazar las acciones judiciales que se han realizado en su contra, Boluarte cuestionó si la Fiscalía estaba protegiendo a determinadas empresas o personas vinculadas a casos de corrupción. En sus declaraciones, la presidenta sugirió que el Ministerio Público estaba encubriendo a grandes corporaciones, como Odebrecht, y hasta organismos internacionales como la OEA.
“¿A quién protegen? ¿Odebrecht? ¿Una OEA? ¿A quién protege el Ministerio Público al mismo tiempo que atenta contra ministros decentes y honestos?”, agregó Boluarte, en defensa de su gabinete y en especial de Santiváñez, quien ha sido objeto de una investigación por su presunta vinculación en diversos casos de corrupción.
Esta situación ha generado un enfrentamiento directo entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, lo que ha avivado las tensiones políticas en el país. Mientras que el gobierno insiste en que se trata de una campaña de desestabilización, la Fiscalía sostiene que está actuando conforme a la ley y en función de su deber de investigar cualquier indicio de delito, sin distinciones de rango o cargo.
