El expresidente de Perú, Pedro Castillo, ha iniciado una huelga de hambre en protesta contra el juicio por su fallido intento de golpe de Estado en 2022. Castillo, que permanece detenido desde su arresto tras el fallido autogolpe, considera que las audiencias que comenzaron la semana pasada ya tienen un veredicto preestablecido en su contra. En una carta publicada en su cuenta de la red social X, firmada por él mismo como “presidente en cautiverio”, Castillo se declara víctima de una “reclusión injusta” y afirma que las acusaciones en su contra carecen de fundamento.
En su misiva, Castillo acusa al tribunal que lleva su caso de haber “adelantado opinión”, lo que, a su juicio, ha provocado que se le acuse injustamente de rebelión, un delito que considera fabricado para justificar su condena. En este contexto, anuncia su decisión de iniciar la huelga de hambre como una forma de protesta contra lo que considera un proceso judicial sesgado. “He decidido acatar, a partir de la fecha, una huelga de hambre, acto que me lleva a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo”, escribió el exmandatario.
El abogado de Castillo, Walter Ayala, confirmó a la emisora RPP que el expresidente exige el cambio del tribunal que lo procesa. Aunque el tribunal ya ha rechazado la recusación contra una de las magistradas que preside el caso, Ayala sostiene que el exmandatario está siendo juzgado injustamente, principalmente por el cargo de rebelión. Según Ayala, el autogolpe no se concretó y no hubo un alzamiento armado, ya que el intento de Castillo no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El abogado también expresó su intención de llevar el caso ante organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de apelar a la Defensoría del Pueblo, para proteger los derechos fundamentales de Castillo. Ayala subrayó que el expresidente se encuentra en una situación de “persecución política” y que no se le está brindando un juicio justo.
El juicio contra Castillo ha despertado gran controversia en Perú y más allá de sus fronteras. En una reciente audiencia, el Ministerio Público solicitó una condena de 34 años de prisión para el exmandatario. Durante su intervención, Castillo reiteró su postura de que está encarcelado “injustamente” y que su único delito fue “defender al pueblo”. Además, manifestó que no necesitaba defensa pública, ya que no reconocía los cargos en su contra.
El presidente de la sala, José Neyra, le explicó a Castillo que tendría la oportunidad de presentar sus descargos durante el proceso, pero que era necesario contar con un abogado para cumplir con los requisitos legales de un juicio. Por ello, se le asignó al defensor público Edgar Callahualpa. Castillo, sin embargo, insistió en su postura de que no debía ser procesado por los delitos imputados.
Mientras tanto, los abogados de otros implicados en el caso, como la ex primera ministra Betsy Chávez y el exministro del Interior Willy Huertas, han rechazado las acusaciones de rebelión. El abogado de Chávez, en particular, argumentó que no existe evidencia que vincule a la exfuncionaria con el intento de golpe. Además, señaló que las Fuerzas Armadas no brindaron apoyo al autogolpe de Castillo y que Chávez se limitó a llamar a la población a ejercer su derecho a protestar pacíficamente.
El juicio ha levantado tensiones dentro del país, con una clara división entre quienes apoyan a Castillo y quienes consideran que su intento de golpe de Estado debe ser castigado de acuerdo con la ley. La situación se complica aún más por las acusaciones de sesgo en el proceso judicial y las protestas por parte de la defensa del exmandatario.
