Luis Manuel Frío Velásquez, reconocido animador de eventos automovilísticos en Venezuela y figura activa en redes sociales, falleció mientras se encontraba detenido en el centro migratorio conocido como “Alligator Alcatraz”, en Florida, Estados Unidos.
Su muerte, según denuncias, ocurrió tras varios días de fiebre, dolores intensos en el pecho y la aparición de llagas sin haber recibido atención médica. Su pareja, Rosana Nádoz, aseguró que, pese a haber firmado su deportación voluntaria, no fue liberado ni trasladado, y murió abandonado a su suerte.
“Lo dejaron morir ahí como un perro”, declaró Nádoz entre lágrimas, añadiendo que Luis Manuel no tenía acceso ni a alimentos ni a condiciones mínimas de higiene. La indignación crece entre activistas y defensores de derechos humanos, que ven en su caso un reflejo del trato degradante que reciben miles de migrantes detenidos.
Alligator Alcatraz fue inaugurado hace solo un mes en los Everglades, tras ser construido en una semana sobre un aeropuerto abandonado. Presentado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, como un “modelo de deportación”, el centro ha sido blanco de duras críticas desde su apertura.
Organizaciones como la Florida Immigrant Coalition (FLIC) reportan condiciones de hacinamiento extremo y tratos crueles. Abogados defensores lo han calificado como un “centro de concentración moderno”, evocando con crudeza la historia más oscura del siglo XX.
En cifras, ya han sido deportados más de 600 migrantes desde esta instalación, mientras se calcula que unos 1.000 han pasado por sus celdas desde el 3 de julio. En un solo día, el 12 de julio, legisladores demócratas contaron al menos 750 personas en un espacio previsto inicialmente para 2.000 detenidos.
Una de las mayores preocupaciones es la falta de transparencia. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no incluye oficialmente al centro en sus datos públicos, dificultando el seguimiento independiente y permitiendo, según expertos, la retención de personas fuera de todo registro visible.
El centro cumple un rol clave en la estrategia de deportaciones rápidas implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que traslada directamente a migrantes o los reubica según nacionalidad para acelerar su expulsión del país.
El modelo, con fuerte respaldo político y financiero, contempla una inversión de 45.000 millones de dólares hasta 2029 para aumentar la capacidad de detención diaria a más de 116.000 personas, según proyecciones del American Immigration Council.
La secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó negociaciones con al menos cinco estados republicanos para replicar el esquema de Florida. El Estado declaró una “emergencia migratoria” para justificar la rápida construcción del centro, cuyo costo ronda los 450 millones de dólares.
Frente a este escenario, ya se han presentado dos demandas judiciales. Una, impulsada por la ACLU y Americans for Immigrant Justice, denuncia la ilegalidad del confinamiento masivo y la ausencia de acceso a la justicia para los detenidos.
