Este miércoles, jubilados argentinos protagonizaron una nueva jornada de protesta frente al Congreso Nacional, luego de que el presidente Javier Milei vetará una Ley aprobada por el Parlamento que establecía un incremento de emergencia en las jubilaciones mínimas.
La medida presidencial, justificada en su objetivo de mantener el “déficit cero”, fue interpretada por los manifestantes como un golpe directo a los sectores más vulnerables. La movilización fue acompañada por organizaciones sociales y sectores afectados por el plan de ajuste del Gobierno.
“Este Gobierno es un monstruo”, expresó Jesús Fajardo, un jubilado de 67 años, visiblemente indignado. “Nos han quitado derechos fundamentales y la paciencia del pueblo se está agotando”, afirmó en declaraciones a la agencia EFE.
La protesta, habitual cada miércoles frente al Congreso, cobró esta vez un carácter más tenso. La presencia de un fuerte operativo policial terminó en incidentes, con algunos manifestantes rociados con gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad.
María Rosa Ojeda, de 69 años, fue una de las afectadas por la represión. “Me cansé de que golpeen a los jubilados. Un niño y un jubilado son indefensos, y nadie debería lastimarlos”, dijo antes de desmayarse por los efectos del gas.
Ojeda es parte de los 7,4 millones de jubilados que hay en Argentina, un grupo que representa el 15,7 % de la población. Según datos oficiales, el 63,5 % de ellos percibe la jubilación mínima, que en agosto alcanza los 314.300 pesos, unos 233 dólares.
Este ingreso, incluso con el bono de refuerzo que lo eleva a 384.300 pesos (285 dólares), no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Según el INDEC, una persona con vivienda propia necesita al menos 365.177 pesos para no ser considerada pobre.
No obstante, según la Defensoría de la Tercera Edad, los adultos mayores requieren ingresos aún mayores —alrededor de 1.200.523 pesos mensuales— debido a sus gastos específicos en salud y medicamentos, cifra que multiplica por casi cuatro la jubilación mínima.
“La situación es desesperante. Nos están dejando sin nada. Y parte de la culpa es nuestra, por no unirnos como pueblo”, lamentó María Rosa, reflejando el sentimiento compartido por muchos de los presentes.
La ley vetada por el Ejecutivo había sido aprobada el 10 de julio. Preveía un aumento extraordinario del 7,2 % en las jubilaciones y la actualización del bono de refuerzo —congelado desde marzo de 2024— a 110.000 pesos (unos 81 dólares).
El Gobierno justificó el veto señalando que la aplicación de la ley afectaría sus objetivos fiscales. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto sería del 0,41 % del PBI, mientras que el bono implicaría otro 0,38 % adicional.
El Congreso ahora deberá decidir si revierte el veto presidencial o convalida la decisión del Ejecutivo. Mientras tanto, los jubilados siguen movilizados, luchando por condiciones más dignas. “Tenemos que seguir en la calle. Es la única manera de defender lo poco que nos queda”, sentenció Fajardo.
