La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo unánime que desestimó la demanda presentada por el gobierno mexicano contra varios fabricantes de armas estadounidenses, entre ellos Smith & Wesson, Beretta y Glock. México alegaba que estas empresas facilitaban el tráfico ilegal de armas hacia cárteles de droga en su país, contribuyendo significativamente a la violencia.
La demanda, iniciada en 2021, buscaba una indemnización de 10.000 millones de dólares y una orden judicial para modificar las prácticas comerciales de los fabricantes. México argumentaba que las compañías sabían que sus productos eran adquiridos por traficantes y utilizados en actividades delictivas, lo que violaba las leyes estadounidenses.
Sin embargo, la Corte Suprema falló que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) de 2005 protege a los fabricantes de armas de demandas civiles derivadas del uso delictivo de sus productos. La jueza Elena Kagan, en su opinión mayoritaria, señaló que México no presentó pruebas suficientes de que las empresas ayudarán directamente en actividades ilegales.
Este fallo revoca una decisión anterior del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, que había permitido que la demanda procediera bajo la premisa de que existía una excepción en la PLCAA para casos de violaciones claras de la ley.
La decisión ha generado reacciones mixtas. Por un lado, se considera una victoria para la industria armamentista, que argumenta que la ley protege sus operaciones legítimas. Por otro, críticos señalan que perpetúa la impunidad de los fabricantes ante el impacto de sus productos en países extranjeros.
México ha expresado su desacuerdo con el fallo y ha indicado que continuará buscando vías legales para abordar el problema del tráfico de armas. El gobierno mexicano sostiene que una proporción significativa de las armas utilizadas en actividades delictivas en su país provienen de Estados Unidos.
