El Tren de Aragua se ha consolidado como la organización criminal transnacional con mayor expansión en América Latina. Su influencia no ha disminuido, a pesar de las iniciativas represivas promovidas por figuras políticas como Donald Trump en Estados Unidos y Nayib Bukele en El Salvador.
Desde la Casa Blanca, Trump apeló a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar operativos federales contra miembros del Tren de Aragua en territorio estadounidense. El mandatario se valió de esta herramienta jurídica con el objetivo de endurecer la lucha contra el crimen organizado que penetra las fronteras norteamericanas.
En paralelo, Nayib Bukele ofreció su Centro de Reclusión para Terroristas, una cárcel de máxima seguridad ubicada a 75 kilómetros de San Salvador, para alojar a los miembros detenidos. Esta colaboración evidenció un alineamiento regional en el combate a esta red criminal.
El pasado 16 de marzo, Estados Unidos deportó a un contingente de 238 presuntos integrantes del Tren de Aragua hacia El Salvador. La operación visibilizó la articulación política y judicial entre Trump y Bukele frente a un enemigo común que sigue operando a escala continental.
El crecimiento de la organización se vincula con las rutas migratorias irregulares desde Venezuela. Allí, el Tren de Aragua cobra peajes, impone controles y recluta a personas en tránsito desesperadas, aprovechando su vulnerabilidad.
Durante la Conferencia de Seguridad Hemisférica organizada por la Universidad Internacional de Florida (FIU), el analista Douglas Farah, experto en crimen transnacional, describió al Tren de Aragua como un fenómeno en expansión que actúa bajo lógicas distintas a los carteles tradicionales.
“El objetivo no es controlar productos, sino territorios. Desde allí dominan todo: prostitución, armas, trata, extorsión, drogas”, explicó Farah. Su diagnóstico advierte que esta organización transforma el mapa criminal regional y desafía las respuestas convencionales de los Estados.
Farah también indicó que las cárceles son espacios clave para el reclutamiento, donde el Tren de Aragua establece alianzas operativas con otras bandas, sin restricciones logísticas. Un ejemplo claro se encuentra en Chile.
Allí, el grupo estableció vínculos con dos estructuras delictivas locales: “Los Gallegos”, dedicados al tráfico y la explotación sexual, y “Los Piratas”, implicados en el asesinato del militar exiliado Ronald Ojeda, crítico del régimen de Nicolás Maduro.
El también investigador Pablo Zeballos, coautor junto a Farah de un informe sobre el Tren de Aragua, profundizó sobre los riesgos estructurales que plantea este modelo de crimen organizado para los Estados más frágiles de la región.
Zeballos fue categórico: “Hay un nuevo modelo criminal que debemos entender si queremos anticiparnos. Está en juego la democracia y el Estado de derecho”. Su advertencia se centra en cómo las cárceles funcionan como centros de poder paralelos, donde las reglas del crimen se imponen.
El fenómeno no es exclusivo de Venezuela. Zeballos señaló casos similares en Brasil, con el Primer Comando da Capital y el Comando Vermelho, y en varios países centroamericanos. La debilidad institucional permite que esta dinámica se replique sin mayores obstáculos.
Además, resaltó un punto crítico: “El mercado ilícito que sostiene al Tren de Aragua no es solo la droga. Es la extorsión, una práctica que está siendo poco estudiada pero que permite un crecimiento exponencial de la red”.
Finalmente, Eduardo Gamarra, director asociado del Jack Gordon Institute (FIU), propuso una respuesta innovadora: crear un tribunal internacional para juzgar a los responsables del Tren de Aragua, similar al modelo de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial.
“Necesitamos un enfoque regional que permita procesar penalmente a estos actores en todo el hemisferio, respetando los tratados de derechos humanos y con base en la cooperación entre los Estados afectados”, concluyó Gamarra.
