La Asamblea Nacional de Ecuador rechazó la aprobación del nuevo Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA), frustrando así una iniciativa respaldada por organismos nacionales e internacionales.
UNICEF expresó su preocupación tras la decisión legislativa, calificándola como una oportunidad perdida para saldar la deuda histórica del país con la infancia y la adolescencia.
El organismo internacional destacó que el texto legal había sido producto de un extenso proceso de consulta, que incluyó la participación de la sociedad civil, instituciones estatales y expertos en derechos humanos.
La propuesta legislativa había sido elaborada por la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral y presentada al pleno el 22 de noviembre de 2024, tras varios años de trabajo.
El proyecto contemplaba reformas alineadas con fallos de la Corte Constitucional, entre ellos la sentencia que elimina la preferencia automática de la madre en temas de custodia.
También abordaba temas sensibles como la responsabilidad penal adolescente y la regulación del consentimiento sexual entre adolescentes, con criterios adaptados a estándares internacionales.
Más allá de esas disposiciones, el texto buscaba actualizar un código vigente desde 2003, que hoy resulta insuficiente frente a las nuevas problemáticas que enfrentan niños y adolescentes.
Entre los puntos destacados se incluía la prevención del reclutamiento forzado por grupos criminales, la violencia digital y el consumo problemático de sustancias.
El COPINNA proponía un sistema nacional descentralizado de protección, con subsistemas articulados en salud, educación, justicia y protección social.
A pesar de su integralidad, el pleno legislativo rechazó el proyecto en medio de desacuerdos políticos y objeciones a ciertas disposiciones específicas.
El informe de minoría, firmado por los asambleístas Jorge Peñafiel y Ana Galarza, no alegaba violaciones a los derechos de la niñez, sino cuestionamientos puntuales.
Varios de los contenidos del COPINNA responden a mandatos expresos de la Corte Constitucional que exigían una normativa más clara y garantista para este grupo vulnerable.
UNICEF, que colaboró técnicamente en la elaboración del texto, reafirmó su compromiso con el proceso y exhortó a reabrir el debate con responsabilidad. En un contexto de creciente vulnerabilidad infantil por pobreza y violencia, el organismo recordó que “los derechos de la niñez no pueden esperar”.
