El gobierno de Javier Milei anunció el 26 de diciembre un aumento del salario mínimo vital y móvil (SMVM) del 9,3%, que se implementará de manera escalonada entre diciembre y marzo de 2025. A pesar de la magnitud del incremento, el monto fijado, de $296.832, sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia argentina promedio.
Este aumento, que se decretó sin consenso previo en el Consejo del Salario, no ha satisfecho ni a empresarios ni a sindicatos. Mientras las cámaras empresariales propusieron un ajuste del 8,8%, los sindicatos demandaban una cifra superior a un millón de pesos, es decir, alrededor de 800 dólares, para paliar la pobreza creciente y la inflación descontrolada.
La decisión del gobierno de actuar de manera unilateral generó un fuerte rechazo. Las organizaciones gremiales más representativas, como la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), emitieron comunicados condenando la medida. Según la CGT, el gobierno no mostró interés en lograr un acuerdo institucional y cedió ante los intereses empresariales. Por su parte, las CTA hablaron de un complot entre sectores empresariales y el gobierno para hundir aún más los salarios.
El impacto de este aumento es especialmente grave cuando se considera el contexto económico. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el SMVM de marzo de 2025 cubrirá solo el 60,9% de la canasta básica alimentaria, el umbral que marca la línea de pobreza extrema en el país. Además, datos del INDEC revelan que el salario mínimo ha perdido más de la mitad de su poder adquisitivo desde 2017, lo que refleja el desajuste entre los ingresos y el costo de vida.
Los datos no solo son preocupantes para los trabajadores que dependen del salario mínimo, sino para todo el mercado laboral. Luis Campos, investigador de la CTA, destacó que el ajuste en el salario mínimo termina afectando a todos los niveles salariales, dado que debilita el piso salarial general, con efectos directos en las condiciones laborales de los sectores más vulnerables.
Un análisis de la CTA Autónoma también muestra la magnitud de la caída del SMVM, que en términos reales experimentó su mayor descenso desde las crisis hiperinflacionarias de finales de los 80. En 2024, el poder adquisitivo del salario mínimo se desplomó un 29,3%, un reflejo de la acelerada inflación y la inestabilidad económica.
El gobierno, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, justificó el ajuste, argumentando que el salario mínimo es un “error conceptual”. Según Adorni, la eliminación de esta medida permitiría un mercado laboral más flexible, en línea con las teorías económicas neoliberales. Esta postura ha sido ampliamente criticada por los sindicatos, que consideran que desmantelar el SMVM tendría consecuencias devastadoras para los trabajadores de menores ingresos.
Mientras tanto, el panorama económico del país sigue siendo alarmante, con una inflación anual superior al 140%, niveles de pobreza cada vez más altos y una constante caída en el poder adquisitivo de la población. Las políticas de ajuste implementadas por el gobierno, que incluyen recortes en programas sociales y medidas que afectan a sectores vulnerables como los jubilados y trabajadores informales, solo incrementan la incertidumbre y el malestar social.
