El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que eleva hasta el 50% los aranceles aplicables al acero y al aluminio, en una nueva maniobra dentro de su política comercial, que ha sido cuestionada por los tribunales y genera creciente incertidumbre internacional.
El anuncio, realizado el pasado viernes, llega apenas un día después de que una Corte de Apelaciones revocará parcialmente un fallo del Tribunal de Comercio Internacional que había limitado buena parte de la estrategia arancelaria del expresidente. Esa decisión le abrió una ventana para avanzar con medidas más agresivas, aunque la legalidad de muchas de ellas sigue bajo escrutinio judicial.
Los nuevos gravámenes afectan principalmente a productos de países como Canadá, Brasil, México, Corea del Sur y Vietnam —en el caso del acero—, y a Emiratos Árabes Unidos, Rusia y China por el lado del aluminio. La medida se fundamenta en la Ley Comercial de 1962, que permite aplicar aranceles por razones de seguridad nacional, dejando fuera las restricciones más estrictas de la ley IEEPA de 1977.
La firma del decreto tuvo lugar en una planta de U.S. Steel en Pensilvania, una elección cargada de simbolismo. En ese lugar, Trump también anunció su apoyo a una controvertida inversión japonesa en la siderúrgica, que la convertirá en una filial de Nippon Steel pese a la resistencia sindical y su propia oposición inicial.
La operación, aún sin cerrar formalmente, contempla una inversión de 14.000 millones de dólares y ha sido presentada por Trump como una “asociación estratégica”, evitando los términos “fusión” o “compra”. El expresidente aseguró que se respetarán el nombre y la sede original de la empresa, aunque esta pase a control extranjero.
Este cambio de postura ha generado críticas, ya que Trump había rechazado meses atrás la misma propuesta, alineándose con los sindicatos. Ahora la promociona como una victoria industrial, a pesar de sus anteriores advertencias contra la pérdida de control nacional sobre sectores clave.
La polémica se enmarca en un contexto donde ha ganado visibilidad el término “TACO trade”, un apodo surgido en círculos financieros para describir la estrategia de quienes apuestan a que Trump cederá tras sus amenazas. La expresión, interpretada como “Trump Always Chickens Out” (“Trump siempre se acobarda”), molestó visiblemente al exmandatario en recientes ruedas de prensa.
Trump rechazó esa caracterización y defendió sus medidas como parte de una estrategia de negociación firme. Aseguró que no se trata de amenazas vacías, sino de un método para obtener mejores condiciones comerciales para Estados Unidos.
Sin embargo, las recientes decisiones generan mayor complejidad en el frente legal y diplomático. Los tribunales aún deben dirimir la validez de varios decretos arancelarios y, mientras tanto, socios estratégicos como la Unión Europea expresan su malestar.
Bruselas criticó duramente la decisión, recordando que Estados Unidos y la UE habían acordado una pausa en la imposición de nuevos aranceles hasta julio, con el fin de facilitar las conversaciones. El reinicio de las medidas proteccionistas, sin previo aviso, complica ese entendimiento.
Este martes, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, tiene previsto reunirse en París con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Ambos buscarán avances sustantivos para evitar un nuevo choque comercial transatlántico.
En paralelo, China también evalúa su respuesta, mientras las empresas afectadas intentan anticipar los impactos. El giro proteccionista de Trump, a pesar de los fallos judiciales en curso, refuerza la imagen de un escenario global cada vez más incierto en materia comercial.
