La tragedia por la intoxicación con fentanilo adulterado en Argentina, y que dejó al menos 76 personas afectadas y 52 muertes confirmadas, expuso una red de laboratorios encabezada por los hermanos García Furfaro. HLB Pharma ya había sido denunciada en la Procuraduría de Narcocriminalidad meses antes.
Una nota anónima remitida a una fiscalía de Rosario activó una investigación por presunta comercialización de drogas. Esta causa, que en su momento no generó mayores repercusiones, hoy se entrelaza con la que lleva el juez Ernesto Kreplak, en una coincidencia que involucra, además, a su hermano Nicolás, actual ministro de Salud bonaerense.
La estructura económica y territorial de los García Furfaro incluye dos predios en zonas de alto valor de San Isidro y una planta industrial en Ramallo. Esta expansión local no fue el único objetivo del grupo: en Paraguay, específicamente en Ciudad del Este, impulsaron un nuevo laboratorio, aprovechando beneficios fiscales y con planes en biotecnología.
La empresa también fue observada por la justicia penal económica por una importación de maquinaria a través del régimen SIRA. Dicha operación, que implicaba ventajas cambiarias significativas, derivó en una denuncia por sobrefacturación por parte de la Aduana. La investigación en curso busca determinar si esas maniobras constituyeron delitos económicos.
Según registros migratorios, Ariel y Damián García Furfaro realizaron múltiples viajes al exterior. En varios de ellos coincidieron con Ignacio Méndez Azarraga Pérez, un empresario español con deudas millonarias en su país. Esta figura, vinculada a la provisión de maquinaria farmacéutica, también aparece en operaciones con destino a Paraguay y Panamá.
El fentanilo que terminó en las manos de usuarios y pacientes argentinos provenía de China. Las condiciones bajo las cuales se adquirió esa sustancia siguen bajo la lupa. La conexión con la importación y su destino final, al parecer no destinado a Argentina, podría violar normativas de comercio exterior, algo que la justicia intenta esclarecer.
En 2023, otra denuncia por parte de la Aduana complicó aún más el escenario. La acusación señalaba una sobrefacturación de más de cinco millones de dólares en medicamentos y equipos. Las triangulaciones financieras, con depósitos en Panamá y compras en Asia, delinean operaciones sofisticadas en términos logísticos y fiscales.
Según versiones obtenidas, habría existido intervención política para frenar investigaciones clave. El nombre de Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, aparece vinculado a la instalación de otro emprendimiento farmacéutico del grupo en esa provincia, que además fue uno de sus principales compradores.
La red empresarial de los García Furfaro incluye Alfarma, también allanada por la Justicia. Esta firma, con una facturación declarada de $7600 millones mensuales, fue adquirida en 2020 a un histórico empresario del rubro farmacéutico de Santa Fe, y tenía domicilio en Sunchales, donde aún se mantiene una de sus sedes operativas.
